El caso Procultura, los pinchazos a las conversaciones telefónicas del Presidente de la República, la entrega de datos falsos en la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero para la región de Bío Bio y los resultados sobre la percepción ciudadana que mostró la encuesta presencial de CEP muestran un cuadro complejo para el gobierno marcado por una fuerte crítica ciudadana a la gestión gubernamental,lo que ha generado un preocupante desapego ciudadano al sistema democrático.  

Otro dato es de la encuesta Cadem, que señala que el Presidente Boric alcanza su nivel más alto de desaprobación desde que asumió como mandatario llegando al 70%. Está claro que el caso Procultura está afectando al mandatario.

La fundación Procultura que recibió más de 5 mil millones de pesos desde el Estado y de los Gobiernos Regionales entre 2020 y 2023, una institución ligada al siquiatra frenteamplista Alberto Larrraín -amigo del Presidente Boric- huele como señaló un influyente columnista dominical a “un cuadro de redes políticas, conflictos de interés y hedor a corrupción entre privados y autoridades” destinado al financiamiento ilegal de la política y que como nos recuerda el exFiscal Gajardo “el principio de igualdad ante la ley implica que toda persona puede ser investigada y eso incluye al Presidente. La Fiscalía debe investigar profundamente el caso”.

No corresponden acusaciones ni vetos a las investigaciones judiciales, ni denuncia de conspiraciones porque algo irregular hay en el comportamiento de ProCultura y en las actuaciones de Alberto Larraín, que el país merece conocer. Así como las ha conocido de la ex alcaldesa exUDI Cathy Barriga o de la diputada exfrente amplio Catalina Pérez, del diputado exrepublicano Mauricio Ojeda o del diputado exUDI Joaquín Lavín o del caso Luis Hermosilla, con el exministro UDI Andrés Chadwick, como imputado, entre otros casos judiciales de interés publico.

Detener la corrupción en democracia es una tarea que parecía tener consenso transversal, pero pareciera que ese consenso del “caiga quién caiga” es mientras las anomalías están en el campo contrario y no cuando ocurre en el propio.

 La corrupción debe detenerse y sancionarse cualquiera sea el color político.

Estos episodios de corrupción y la mala gestión gubernamental para atender las demandas básicas de la población de vivir seguros, de mayores empleos explican esta pérdida de confianza ciudadana en la democracia, donde hoy hay un 34% de la población que señala que “le da lo mismo” tener un régimen democrático que uno autoritario y lo más grave es que se ha duplicado la gente que piensa así entre agosto 2021 y mayo 2025. Como contrafactual la gente que “prefiere la democracia” cayó del 61% en agosto 2021 al 44% en esta medición.

Ese debilitamiento democrático en la ciudadanía es el resultado de la mediocre gestión gubernamental, de la incapacidad de los partidos políticos de construir acuerdos que apunten a mejorar la vida de las familias y que se expresa en que más del 52% del electorado no tiene aún una candidatura presidencial preferida para noviembre.

Este debiltamiento democrático debiera ser materia de las candidaturas presidenciales como lo son los temas de mayor seguridad, recuperar capacidad de crecimiento económico y la crisis de la natalidad.

Chile necesita mejorar la capacidad de gestión e información tanto del gobierno como de los otros organismos públicos (Tribunales de Justicia, Municipalidades por ejemplo) sobre el uso de los recursos que se le asignan y su impacto en la calidad de vida de las familias.

Se requiere enfrentar la mala gestión gubernamental en la transparencia de los datos, que no sólo ocurre en las proyecciones sobre los ingresos fiscales, sino también en la rigurosidad de los datos que se entregan para legislar, porque casos como lo ocurrido con la Subsecretaría de Pesca y los falsos datos entregados sobre la pesca industrial de la región de Bío Bío revelan una incompetencia y mediocridad que no puede seguir siendo lo normal, más cuando una información genera una decisión que afecta la continuidad de casi 3.000 empleos femeninos.

Promover la transparencia sobre el buen uso de los recursos públicos es una cuestión social urgente que no puede dilatarse.

Esta crisis de confianza en la democracia no puede ser soslayada para el mundo democrático. Debe ser una de las máximas preocupaciones de todos los sectores políticas que colocan a la democracia como punto central de nuestras vidas.

Hoy hay una nueva mayoría social que conecta más con el discurso polarizante y odioso; es urgente que los y las dirigentes/as políticos se preocupen de la seguridad en los barrios que para las familias es clave para alcanzar mayores niveles de equidad social. También recuperar la capacidad de crecimiento del país en torno a un 4% anual con mayores empleos; sólo así podrá revertir este desapego ciudadano hacia la democracia.