La información, obtenida por La Tercera mediante Ley de Transparencia, ilustra la clase de procedimientos que se siguen en la institución, en momentos en que existe polémica tras los dichos de su comandante en jefe sobre presuntas ventas de armamento por parte de efectivos a narcotraficantes.

“Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando”.

La declaración del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, hecha en el marco de una cita con novecientos oficiales de la institución en la Escuela Militar y cuyo audio fue revelado este jueves por The Clinic, desató una tormenta de proporciones. Con una reacción desde el ministerio de Defensa exigiendo que se aclaren los casos y el propio Martínez explicando que se refería a hechos antiguos que están bajo investigación, los dichos, sin embargo, abrieron una pregunta adicional: ¿qué pasa con las armas perdidas en la institución?

En esa línea, un informe inédito entrega algunas luces. El documento, con fecha 11 de septiembre de este año, es una respuesta al Consejo para la Transparencia ante una presentación hecha por La Tercera en que se solicitaba que se entregara la información solicitada previamente. Y va firmado por el entonces segundo hombre del Ejército, el general John Griffiths, a cargo del Estado Mayor de la institución y quien luego renunció tras ser procesado en la causa que indaga si hubo fraude con fondos destinados a viajes y viáticos en la repartición castrense.

El desglose indica que han existido, a lo menos, 33 sumarios internos entre 2010 y septiembre de este año por pérdida de armamento en la institución, con casos que varían en su dimensión y nivel de sanciones.

Por ejemplo, en varios casos -sobre todo en los primeros años- se aprecia que se abren sumarios por la pérdida de yataganes y pistolas, que son resueltos con observaciones, reprensiones o, lo más frecuente, con una sanción de arresto.

Pero también constan extravíos de armamento de mayor calibre, como fusiles semiautomáticos o subametralladoras. En estos casos, también, las explicaciones varían: mientras algunos aparecen reportados como “robo”, otros simplemente tienen el rótulo de “pérdida”.

En particular, en 2015 aparecen reportados dos pérdidas de fusiles SIG-542 con tiros de guerra incluidos. Un armamento de alto poder de fuego y cuyo uso puede ser complejo.

También aparecen en el listado hechos como pérdidas de material de guerra desde un polvorín -que terminó con funcionarios con licenciamiento del servicio- y, este año, una investigación en curso por un hecho catalogado como “robo”, ocurrido en agosto pasado y que involucra la sustracción de “105 corvos modelo atacameño, 5 yataganes para fusil Mouser y Steyer y 3 machetes de artillería”, según reporta el mismo documento.

Sin embargo, no aparece el hecho aludido por Martínez en su exposición en la Escuela Militar, aunque esto tiene una explicación sencilla y que tiene que ver simplemente con un tema de tiempos: según relató el propio comandante en jefe, el robo -por el cual hay una causa abierta en la Fiscalía Militar y se indaga a cinco suboficiales- fue denunciado a esas instancias el 12 de octubre de este año. Es decir, un mes después de la respuesta oficial de Griffiths con el resumen de los casos indagados hasta ese momento, concluye la información de La Tercera.