Cinco empresas, lideradas por las familias Stengel, Sarquis, Santa Cruz, Bohorodzaner, Fosk, Angelini, Izquierdo y capitales noruegos, son las que actualmente protagonizan la industria de la jibia, a través de las firmas Pacific Blue, Pesquera Landes, Foodcorp, Alimar y Orizon según Pulso.
Justamente, son ellas y otras 90 compañías -conformadas por firmas de distintos tamaños- las que hoy se ven amenazadas, según sus representantes gremiales, por los cambios legales que se quieren concretar frente a la captura de la jibia, recurso que se destina en un 100% al consumo humano y cuya cuota de extracción está en un 20% en manos del sector industrial, que pesca alrededor de 40 mil toneladas al año, generando unos 8.500 empleos directos e indirectos.
Hace pocas semanas se aprobó en el Congreso la denominada Ley de la Jibia, iniciativa legal que fue ingresada a tramitación en 2014 por parlamentarios DC y que -sobre argumentos de sustentabilidad- define que la potera y la línea de mano, son las únicas artes de pesca (formatos) mediante las cuales se puede extraer la jibia a lo largo de todo el país. Con ello, la normativa anuló la pesca de arrastre, herramienta que utilizaba la industria pero mediante redes de media agua, que si bien arrastran todos los recursos que hay a su paso, no llegan al fondo marino.
A esa situación, se le añadió el miércoles el anuncio del Gobierno sobre el ingreso de un veto aditivo, que sumó como arte de pesca, el cerco. La medida incendió la pradera, ya que fue rechazada tanto por el mundo artesanal -que estaban satisfechos con la ley de la Jibia tal y como estaba-, como también por el mundo industrial, cuyos trabajadores iniciaron un paro de actividades el 9 de enero y que anunciaron que se presentarán en La Moneda durante esta jornada.
Pese a lo anterior, 20 organizaciones de pescadores cerqueros artesanales apoyaron el veto del Gobierno, indicando que con ello se “hacía justicia”. Eso, dado que la Ley de la Jibia aplicaba multas de $ 25 millones si dicha especie era pescada con otra arte, cosa que podía suceder al querer extraer otros recursos a través del cerco.
Ciro Oyarzún, biólogo del departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción y miembro del Comité Científico de recursos demersales de la zona centro sur -que trata la jibia-, criticó a través de Pulso, que la decisión sobre la captura del recurso quiera imponerse con criterios políticos y no científicos.
“Este es un muy mal proyecto. La génesis misma de la iniciativa es que se busca que un recurso pesquero se pesque de una determinada manera. Entonces, acá hay un hecho curioso, porque de pronto la Cámara de Diputadas se transforma en especialista pesquero y decide cuál es la técnica de capturar un recurso, cosa que, según la actual Ley, es materia que le corresponde determinar a la Subpesca”, señaló.
Asimismo, criticó que las medidas que se están adoptando no lograrán los objetivos de sustentabilidad que se buscan, toda vez que lo que se debiese haber aplicado en el caso del cuidado de la pesquería, deberían tender a bajar las cuotas de capturas fijadas tanto para el sector artesanal como industrial y además, disminuir también el número de actores que participan.
Por otro lado, y en relación al veto que ingresará el Gobierno, puntualizó que la medida sí podía ser aplicada en la industria, aunque de forma gradual para que las empresas cambien sus artes de pesca. Sin embargo, puso en duda la calidad que tendrá la jibia con ello.
“Es cierto que la potera y la línea de mano son más amigables con el medio ambiente que la pesca de arrastre, pero hay que hacer una aclaración que es que la red de arrastre de media agua, que están diseñadas incluso con ventanas de escape para los peces y que es aquella que usa la industria chilena, no es aquella que hace daño en el fondo marino”, dijo. Con ello, apunta que es cierto que con la pesca de cerco el producto termina siendo carcomido y aplastado, “por lo que la duda es, en qué calidad quedará la jibia”, aseveró.
