Un total de 121 páginas tiene la respuesta del exministro de Energía, Diego Pardow, a la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición, quienes le atribuyen responsabilidad política en el error metodológico que generó un doble cobro en las cuentas de electricidad.

Aunque el Presidente Gabriel Boric ya había solicitado su renuncia tras conocerse el caso, la oposición decidió mantener el libelo, luego de que la empresa Transelec revelara haber advertido en octubre de 2024 un posible error en la valorización de sus activos.

La acusación se estructura en dos capítulos: el primero apunta a negligencia administrativa en la fijación de tarifas, y el segundo a una presunta falta de probidad por no haber transparentado la alerta de la empresa.

En su defensa, Pardow argumenta que no existía información suficiente para comunicar públicamente la advertencia y que hacerlo en ese momento habría generado “alarma injustificada” y comprometido el interés nacional. Además, sostuvo que como ministro no tenía facultades legales ni técnicas para intervenir en el procedimiento administrativo ni para modificar los cálculos de la Comisión Nacional de Energía.

“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, manifiesta el exministro en su escrito.

El exsecretario de Estado también calificó como “carentes de sustento jurídico” las sospechas relacionadas con su viaje oficial a China en marzo de 2025, recordando que no tenía relación con la participación de la firma China Southern Power Grid —propietaria de parte de Transelec—.

Pardow pidió además que se acoja la llamada cuestión previa, argumentando que la acusación presenta imputaciones genéricas y carece del fundamento constitucional necesario. En su escrito, advirtió que una eventual sanción le impediría ejercer cargos públicos por cinco años y afectaría su labor docente en la Universidad de Chile.

La comisión encargada de revisar el libelo, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), tiene ahora seis días para analizar la respuesta antes de que el documento sea votado en la sala de la Cámara.