Por Mario López M.

La contaminación en esa zona y otras del país, ha sido una desgracia en a lo menos los últimos 30 años. Sin embargo se agravó a partir de 2014.

Corría 2013, pleno primer gobierno de la derecha con Sebastián Piñera como Presidente de la República, cuando, producto del lobby empresarial, se generó un cambio en el modelo de medición de la contaminación que recién comienza a sentirse en sus efectos.

A esa fecha regía en nuestro país el Decreto N° 59 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regulaba la “cantidad primaria para material particulado respirable”. En silencio y tratándose de una norma que no requería pasar por el Congreso, con las firmas de Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, María Ignacia Benítez Pereira, Ministra del Medio Ambiente, Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia y Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud, se dictó el actual y vigente Decreto 20 de fecha 03 de junio de 2013 que entraría a regir en el momento propicio, entre el cambio de gobierno y fiestas de fin de año, el 1° de enero de 2014.

¡Hasta un 300% más de contaminación!

La mencionada norma vino en modificar completamente los índices hasta ese momento aplicables, aumentando de manera peligrosa el límite de material particulado, por la vía de permitir, por un lado, rebajar las exigencias a las grandes empresas y por el otro, permitió la instalación de más industrias en zonas que hoy se consideran saturadas de contaminación, como son justamente Puchuncaví y Quinteros.

La norma que comenzó a regir en 2014, fue la respuesta del gobierno de Piñera ante la presión de empresarios que se veían afectados en sus intereses producto de las constantes sentencias en Tribunales Ambientales, que les obligaban incluso a compensar los daños ocasionados a la población, como aconteció en Puchuncaví o en Coronel con la paralización de la Central Bocamina.

El mencionado decreto, afectó en particular dos modelos que se utilizaban para medir la contaminación atmosférica: el primer, era una norma diaria que medía los niveles de contaminante y que era la que favorecía que se pudiera decretar alertas, preemergencias y emergencias ambientales, y segundo, una que implementaba evaluaciones anuales de los niveles de contaminación. La nueva norma sólo dejó vigente la medición anual y eliminó la diaria, además de permitir aumentos de hasta un 300% de niveles de particulado y el número de empresas en el sector. Un desastre que ahora empieza a sentirse.

Se lo advirtieron

Ambientalistas advirtieron en aquella época lo que se venía, sobre todo por que la implementación de la medida se conocería en sus efectos hasta cinco años después. En Quintero y Puchuncaví, las consecuencias recién se comienzan a observar.

ONG Oceana, por medio de uno de sus voceros, Álex Muñoz, denunciaba: “Es una reforma nefasta, triplica el límite autorizado para contaminar. Si comunidades como Ventanas o Huasco tenían un máximo determinado, esto se aumenta tres veces. Además, el promedio para medir si la norma se sobrepasa, será anual y no diario, por lo que se esconderán los peak de contaminación”, dicho y hecho.

Según señaló en aquella época el ambientalista a la Radio de la U. de Chile, el cambio lo que generaría era “aplanar las estadísticas”, con lo que se perdería toda capacidad de anticipar y reaccionar ante un evento de uno o dos días, tal como aconteció y acontece hoy en la zona dañada de Quintero y Puchuncaví. “Es muy grave”, concluyó el personero. Sí, fue muy grave y no es el único sector del país que comenzará a sentir los efectos de la norma pro empresas, en dónde el propio actual Presidente de la República y su actual ministra de Medio Ambiente, tienen serios conflictos de interés, como han señalado parlamentarios que incluso citarían a la secretaria de Estado a una Comisión Investigadora para que dé cuenta de sus conflictos.

Entre gallos y medianoche

El Decreto 20 pasó casi desapercibido, pues entró a regir justo antes que dejara Piñera el primer gobierno, cuando la nueva administración se preparaba para asumir. Ahí Piñera aprovechó de realizar una serie de movimientos acomodaticios de última hora para favorecer a personeros o sectores afines-como denunciara en la época el propio Cambio21-, en materias como los nombramientos y designaciones en puestos claves en el CDE o en el Tribunal Constitucional, incluidas, notarías y otros. Esta norma que afecta a Quintero y Puchuncaví, las primeras zonas afectadas, entró en vigencia el 1 de enero de 2014, pasando desapercibida. 

Aquí se favoreció a las empresas que tendrían años para implementar un aumento de sus ganancias a pesar de aumentar también las contaminaciones que al ser medidas de manera anual atenuarían las alarmas, hasta que se generaran una crisis como la actual, imposible de anticipar y atacar. Más de 300 personas afectadas, dan cuenta del hecho, el eliminarse las zonas de latencia, que por aquella época ya estaban al borde de saturación contaminante.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, “los individuos firmantes de ese acto administrativo, absolutamente impúdico, no tienen ni idea lo que es ejercer un gobierno, cuyas políticas públicas estén orientadas a vivir en ambientes libres de contaminación”, dijo a Cambio21, agregando que “lo que hay detrás es solo buscar el crecimiento económico, este es el criterio de procrecimiento, despreciando absolutamente los equilibrios ambientales y sobre todo vulnera la propia Constitución, que dice que debemos vivir en un ambiente libre de toda contaminación. La tarea que tiene ahora este ‘muchacho’ Piñera, es derogar mejor la norma constitucional, si no la va a respetar”.

Siembra vientos…

La norma, reclamada ente Tribunales ambientales, luego de regir por más de un año y generar los daños que ya conocemos, fue derogada por resolución del Segundo Tribunal del Medio Ambiente. Piñera, cuatro años después, va a la zona amagada a ofrecer soluciones y espera ser bien recibido por la gente que sabe que su gobierno mediante este decreto, es uno -no el único-, de los grandes responsables de la debacle. Un año y medio sin control de los daños que se aumentaron en partículas contaminantes en más de un 300%. Sin poder prever y sin medirse día a día. El mismo reclamo de ambientalistas establecía que los daños se medirían años más tarde. Hoy es ese momento, que le fue advertido. 

No solo nada hizo en su primera administración para atender la contaminación que se había generado en esa zona y que conocía perfectamente, sino que además agravó el problema y evitó, eliminando la medición diaria, que se pudiera prever una crisis como la acontecida en estos días.

Tendrá el gobierno que aclarar esto y los vínculos con ejecutivos de empresas a los que se ha buscado proteger mediante apresuradas declaraciones de la ministra del Medio Ambiente culpando solamente a la Enap. El propio abogado de Sebastián Piñera, quien ha sido su asesor jurídico en movimientos como las adquisiciones de empresas Zombies o creación de sociedades de inversión en paraísos fiscales, Fernando Barros o el socio de este por más de diez años, el marido de la ministra Carolina Schmidt, Gonzalo Molina, que ya en 2013 le trajo fuertes dolores de cabeza por la relación de su esposo con el grupo Laureate, investigado por el lucro, siendo ella ministra de Educación del primer gobierno de Piñera.