Desde el estallido social del pasado 18 de octubre, la cantidad de delitos relacionados con el orden público y el daño a la propiedad pública y privada se han incrementado en forma considerable.
Esto, a su vez, ha generado una serie de declaraciones cruzadas entre el gobierno e instituciones judiciales por la persecución de estos delitos. “Muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña”, afirmó ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en relación a la falta de evidencia que se logra recopilar para imputar cargos.
En relación a esto, el fiscal regional de la zona Oriente, Manuel Guerra, conversó con Radio Pauta. Consultado sobre los saqueos en su jurisdicción, señaló que “en nuestro caso fue el delito más cometido las dos primeras semanas desde el 18 de octubre. Los primeros días de noviembre se quemaron supermercados en Peñalolén y Macul. Y después de eso comenzó a bajar progresivamente. Esa es una realidad y la otra han sido los delitos de desórdenes públicos”.
Sobre una eventual coordinación para la comisión de delitos, sostuvo que “hay varias líneas de acción. Efectivamente hay algunos hechos más graves que fueron los atentados a las distintas estaciones del metro el 18 y 19 de octubre. En ese caso particular una de las líneas de investigación es la posibilidad que grupos se hayan organizado, ya sea con antelación o ese mismo día, para cometer los delitos. Esa es una línea que están trabajando todas las fiscalías regionales metropolitanas. En los robos en lugar no habitado mayoritariamente observamos un tema de generación espontánea. En el caso de la gran mayoría de la gente, las personas que están formalizadas en su mayoría son personas sin antecedentes penales. Son personas que enfrentan por primera vez el sistema penal”.
También se le preguntó sobre las críticas que ha recibido la institución por los procedimientos abreviados que se han adoptado, a lo que señaló que “aquí hay un lugar común bastante frecuente. Y es que cuando las cosas no andan bien en seguridad pública se centra la mirada y el ataque en otras instituciones que actuamos con posterioridad a la ocurrencia de los delitos, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desde el mismo día que esto ocurrió en la noche, al día siguiente en la mañana nosotros en Santiago y todos los fiscales del país hemos estado trabajando intensamente, reforzando nuestros turnos, dedicando a distintas unidades de manera especial a este tema”.
“Nosotros trabajamos sobre la base de los insumos que nos entrega la policía, y con esto no me estoy desligando de responsabilidades. Tenemos muchos casos en que la prueba es mínima. Que se detuvo a una persona detenidas con especies de supermercados pero no tenemos evidencia de cómo ingresaron, de cámaras de vigilancia y ningún otro elemento. Y yo entiendo que en el caso de la Fiscalía Centro Norte que se ha planteado esta salida alternativa ha sido porque no hay antecedentes. No hay un tema de favorecer la delincuencia, de tener una mirada que propicie la impunidad. Nosotros no podemos llegar y acusar gente si después estas personas van a ser absueltas por la justicia”, añadió el persecutor.
Posteriormente, Guerra apuntó contra algunos representantes del gobierno: “Aquí se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros, en los principales hechos, los más graves, desde el día 18 al 21, yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no vimos a ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención en el momento en que correspondía hacer valer la Ley de Seguridad del Estado”.
“Fueron muchos controles de detención en todo Santiago, y si alguien brilló por su ausencia fueron los abogados del Ministerio del Interior. Me parece impresentable que el día de hoy que se sindique al Ministerio Público como el responsable de la baja intensidad de las medidas cautelares, y los abogados no estuvieron presentes cuando debían estar. Yo no sé de quién es esa responsabilidad , no sé qué es lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, pero mientras los fiscales trabajaron toda la noche como lo hacen los 365 días del año, se presentaron audiencias de control de detención para defender la legalidad de los procedimientos y formalizar, brillaron por su ausencia en la gran mayoría los abogados del Ministerio del Interior, que recién días después aparecieron, presentaron querellas, se coordinaron con nosotros”, sostuvo el fiscal regional.
Guerra afirmó que “yo creo que está bueno que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad. Aquí hay una cosa muy clara, el Ministerio Público actúa una vez que se cometen los delitos. ¿Cuál será el aparato de inteligencia para detectar que se podía generar una revuelta de esta naturaleza? En la gran mayoría de los casos Carabineros, no es que no quiso, no pudo llegar por la múltiple cantidad de eventos. ¿Cómo nosotros vamos a poder formalizar gente si no tenemos elementos probatorios? Yo creo que está bueno de entrar a buscar de quién es la culpa”.
“Nosotros estamos actuando conforme a la ley que nosotros no creamos. Recién ahora se está planteando una agenda de seguridad para elevar las penas de ciertos delitos y tipificar ciertas conductas que no estaban especificadas en la ley. Pero se pretende bajo todo evento responsabilizar al Ministerio Público, y si no es el Ministerio Público, es el Poder Judicial porque deja feliz a la gente. Pero la gente elegida en el Parlamento no somos nosotros, y están reaccionando ahora. Ahora se dieron cuneta que el robo en lugar no habitado tenía baja pena, que el tema de los encapuchados y las barricadas era relevante”, aseguró él.
