El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el cual además de reajuste parcelado del 3,4% de las remuneraciones, considera el polémico “amarre” para evitar ciertos despidos en el aparato estatal; más la inclusión de normas de protección para las asociaciones.

En las 167 páginas del documento se plantea -en términos generales- el reajuste general de remuneraciones para los funcionarios, bonos, aguinaldos y la modificación de “diversos cuerpos legales”.

Se detalla que en las negociaciones con la mesa del sector público -compuesta por diversos gremios, entre ellos la CUT y la Anef- se acordó una estrategia de negociación gradual y diferenciada al establecer un reajuste total del 3,4% parcelado (2,0% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio), logrando equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal.

En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables.

De manera textual, la introducción del proyecto señala: “Un hito político fundamental es el compromiso de distinguir de manera clara el personal que presta asesoría directa en gabinetes, de las y los funcionarios públicos que no son de designación política. Respecto de los primeros, por primera vez un gobierno saliente adquiere un compromiso legal de que su personal asesor deba cesar en el cargo junto con las autoridades que lo designaron”.

“Y respecto de los segundos, se plasman por ley los criterios de no discrecionalidad establecidos en instructivos de renovación de contratas emitidos por los Ministros de Hacienda desde 2012 a la fecha”.

Se repone, además, la posibilidad de reclamar ante la Contraloría General de la República, que -en la práctica- regía hasta el año 2024.

“Asimismo, el protocolo establece la inclusión de normas de resguardo de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, para fortalecer así la labor de las asociaciones, así como una serie de materias sectoriales”, manifiesta el proyecto.