Carabineros entregó una actualización con respecto a los procesos administrativos que se instruyeron tras una serie de hechos denunciados durante el estallido social el año pasado.

Con respecto a las gravisímas lesiones que sufrió por Gustavo Gatica y que lo dejó ciego producto de balines el 8 de noviembre del año pasado en medio de una manifestación, Diego Olate, general subdirector de Carabineros, indicó que “el fiscal determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un gran incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna”.

De esta manera, agregó que “dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en diciembre, fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece el protocolo”.

Olate dio a conocer que dichas imágenes se encuentran en poder de la PDI y la Fiscalía, pero señaló que “el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión” por su responsabilidad administrativa.

Caso de Fabiola Campillai

Sobre la investigación que llevan adelante por las lesiones también gravisímas sufridas por Fabiola Campillai que la dejó ciega por bombas lacrimógenas mientras se dirigía a su trabajo en San Bernardo, Olate aseguró que “sigue en desarrollo”.

“Lamentablemente no se ha podido contar con la declaración de la víctima a pesar de ser solicitada a los organismos correspondientes”, añadió..

Estas investigaciones corresponden a procesos administrativos para determinar responsabilidades institucionales, que son paralelos a las indagaciones penales que están a cargo del Ministerio Público.

Otras denuncias con sumarios

Olate también se refirió a la denuncia por abuso sexual de un estudiante de Medicina de Universidad Católica, la cual quedó desestimada debido a que explicó que un informe forense descartó el delito.

Sumado a esto, comentó que también se desestimó a raíz de “las inconsistencias detectadas en su relato”, añadiendo que es compatible con lo que resolvió la Corte de Apelaciones de San Miguel que descartó la existencia de dicho delito.