Ya es una realidad, ineludible e imposible de negar: los hombres reciben, generalmente, remuneraciones más elevadas que las mujeres por desempeñar los mismos trabajos.

 

No importa el lugar, las horas de trabajo ni los años de desempeño laboral, nada valida ni responde al reclamo que ya se ha vuelto transversal.

 

Si bien los llamados a terminar con esta situación emanan tanto de hombres como de mujeres, queda la sensación de ser algo demasiado difícil, casi volviéndose un problema cultural antes que laboral.

 

 

Islandia se ha convertido en la primera nación del mundo donde, por ley, las empresas públicas y privadas deben demostrar que ofrecen los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría.

 

La ley, que entró en vigor el 1 de enero, requiere que tanto compañías como instituciones con 25 o más empleados obtengan un "certificado de igualdad salarial" que demuestre que pagan lo mismo a sus empleados en roles similares. La nueva norma requiere que las compañías se sometan a auditorías para recibir el certificado.

 

"La legislación es básicamente un mecanismo con el cual las compañías y organizaciones... evalúan cada empleo que se está realizando y después obtienen un certificado que confirma que están pagando igualitariamente a hombres y mujeres", dijo Dagny Osk Aradottir Pind, de la Asociación de Derechos de Mujeres de Islandia.

 

"Es un mecanismo para asegurarse de que hombres y mujeres están recibiendo un salario igualitario", agregó.

 

Por su parte, Alemania también implementó un mecanismo legal que permitirá transparentar las diferencias salariales.

 

 

Desde esta semana entró en vigor en el país una nueva ley que permite a las empleadas de empresas con más de 200 trabajadores conocer el sueldo medio de sus compañeros varones que ocupen un puesto similar.

 

“Si una mujer está segura de que está cobrando menos que un hombre, podrá reclamar jurídicamente su derecho a recibir una misma remuneración por un mismo trabajo”, declaró la ministra de la Mujer en funciones, la socialdemócrata Katarina Barley.

 

“En Alemania, el sueldo de los demás sigue siendo un tema tabú y un misterio. La mayoría de las mujeres, por lo tanto, a menudo no saben cuánto ganan en comparación con sus compañeros de trabajo hombres que desempeñan una misma función”, agregó.

 

En un país cuyo tejido productivo lo conforman principalmente empresas familiares de pequeño y mediano tamaño, se estima que esta nueva regulación de transparencia salarial afecte a cerca de 18.000 compañías.

 

 

La mirada de Carmen Andrade, quien fuera ministra de Estado del primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, resulta ser determinante.

 

“En Chile sí hay una ley que busca la igualdad de remuneraciones, se implementó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet”, explica quien fuera ministra del Sernam de ese gobierno.

 

“La ley establece que no se puede realizar, por diferencias de sexo, distintas remuneraciones entre hombres y mujeres. El problema es que se trata de una ley que no ha sido difundida y que ha tenido problemas en su implementación. Lo que se planteó en su momento fue perfeccionar la ley, en esto juegan un rol determinante los sindicatos”, comenta Andrade.

 

“Uno de los problemas que complejiza la aplicación de esta ley es que existe poca transparencia al interior de las empresas en torno a los salarios de los trabajadores. Además, a trabajos iguales se los denomina de forma diferente, lo que permite entregar remuneraciones diferenciadas”, ilustra.

 

Por su parte, la exparlamentaria María Antonieta Saa tiene claro que “la brecha salarial en el país existe. No me cabe duda de que sí hay diferencias”, indica.

 

“Estas diferencias, los porcentajes que se manejan, responden a que en la gran mayoría de cargos directivos, que es donde se entregan las remuneraciones más grandes, se encuentran principalmente en manos de hombres”, recuenta Saa.

 

“Sobre la ley, instancia que yo voté, se trata de una ley que pide a las empresas la descripción de los cargos, y así poder detectar las diferencias salariales. Sin embargo, no se ha podido aplicar de la mejor forma, y esto también incide en que los sindicatos, quienes tendrían que interiorizarse, son en extremo machistas”, finaliza.

 

Para Miguel Urrutia, académico del departamento de Sociología de la Universidad de Chile, existe una paradoja si uno contrasta el acceso a la educación y la brecha salarial. “Eso nos habla de que tal acceso a la educación no es muy relevante para las posiciones sociales que se ocupan posteriormente, porque además el salario también es un reflejo de ocupar los cargos más o menos calificados dentro de la estructura laboral”.

 

Urrutia cree que las razones por las que persisten las brechas, se deben sobre todo a “una índole cultural que es fundamental. Y creo que son las causas más duras que no se pueden eludir. Son profecías autocumplidas, es decir, en el fondo hay una concepción de las mujeres que las instala en ciertas labores menos calificadas, en ciertas funciones que son menormente remuneradas”, asegura.