Desde hace ya tiempo y no siempre con un camino llano, un grupo de senadores, que ya suman 23, optaron por jugársela por las regiones, entendiendo que Chile es el que gana terminando con el centralismo.

Hoy presentaron el fruto de su trabajo de mucho tiempo y no pocos sacrificios.

Vea usted:

Reiterando su compromiso con la elección de Gobernadores Regionales en octubre de 2020, las Bancadas Regionalistas del Senado y la Cámara de Diputados, integradas por todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, organizaron el seminario “Propuestas para una Mejor Descentralización”, en el cual presentaron públicamente una serie de documentos ordenados en cuatro temáticas: Ordenamiento Territorial, Participación Ciudadana, Capital Humano y Rentas Regionales. 
 
El senador Alejandro Guillier, coordinador de la Bancada Regionalista de la Cámara Alta señaló que “todo este trabajo que hemos desarrollado con académicos, rectores, especialistas y asesores de los parlamentarios tiene por objetivo transferir poder a la ciudadanía, y por tanto darle sustancia a la democracia, porque va a ser una democracia centrada en el territorio, asentada en la participación de los ciudadanos”.
 
“Lo que falta ahora en este proceso -agregó Guillier- es una Ley de Rentas Regionales.No sacamos nada con hablar de participación y elección de autoridades, si no somos capaces de tener una ley que establezca claramente un gradual y ordenado proceso que permita tomar las decisiones reales en los territorios, con recursos. Esperamos que el Fondo de Desarrollo Regional pase del actual 8% al 15% en un plazo corto y luego llegue a una meta de al menos un 30%. Esos son los estándares de la OCDE”.
 
El diputado Rodrigo González, coordinador de la bancada regionalista de la Cámara de Diputados, señaló que “hay medidas urgentes y necesarias a tomar especialmente en relación con facultades, como por ejemplo, que las regiones tengan más autonomía y poder en la solicitud de transferencias de competencias. Más velocidad. Estamos solicitando que se adelante la transferencia de competencias a lo establecido por la actual ley que parte el 2022. Igualmente con la transferencia de servicios centralizados y que son fundamentales en los gobiernos regionales”.
 
“También le hemos manifestado al gobierno -agregó González- la necesidad de redistribuir los recursos a regiones y la necesidad de aumentar los recursos disponibles”.
 
En el seminario expusieron también los senadores José Miguel Durana (UDI) Francisco Chahuán (RN), los diputados Jaime Mulet (FRVS), Joanna Pérez (DC), Félix González (PEV) y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Felipe Delpin.
 
En representación de los académicos y expertos en materias de descentralización expusieron Heinrich Von Baer de la Fundación Chile Descentralizado, Federico Arenas de la comisión Ordenamiento Territorial, Hernán Frigolett de la comisión Responsabilidad Fiscal y Financiamiento Regional, Katherine López, Rectora de la U. de Aconcagua y José Abalos de la comisión Capital Humano, Rodrigo Márquez de la comisión Participación de la Sociedad Civil, Manuel Tobar sobre Implicancias en la gestión de los GoRes y  Nemesio Arancibia sobre Efectos y oportunidades locales.

PRINCIPALES PROPUESTAS BANCADAS REGIONALISTAS 
 
1. En materia de Ordenamiento Territorial: Solicitar al gobierno que dé a conocer en forma inmediata los Reglamentos asociados a la Ley 21.074: Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Zonas Rezagadas, Transferencia de Competencias y Áreas Metropolitanas. 

Promulgar a la brevedad la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), la Metodología de elaboración de los PROT y el Reglamento PROT; sin ellos, los nuevos Gobernadores Regionales no podrán elaborar e implementar los PROT durante su periodo. La PNOT se encuentra en revisión en el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y territorio (COMICIVYT). 

Solicitar que se revisen y adecúen los textos de las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) y Desarrollo Rural para hacerlas concordantes con el Art. 17 letra a) de la Ley 19.175; ello, una vez aprobada la PNOT. 
Promulgar a la brevedad la Política Nacional de Desarrollo Rural, pues en conjunto con la PNOT y PNDU, constituyen el marco estratégico nacional de la planificación y del ordenamiento territorial, que deberán tener en consideración los GORE. 

Asegurarse que en el Reglamento de los PROT se establezca con claridad, en qué consisten: la macro zonificación del territorio, zonificación por condiciones y tipos de condiciones y la Imagen Objetivo. Estas condiciones definirán el espíritu de la planificación en el territorio y las posibilidades de efectuar determinados tipos de actividades en éste. 

Que S.E el Presidente de la República firme el primer Decreto Supremo de transferencia de competencias (TC), al año de promulgada la ley, como lo establecen sus artículos transitorios (febrero del 2019). Esto requiere acelerar el acuerdo con los ministerios y los GOREs. 

2. En materia de Participación Ciudadana: Elaborar una política de participación ciudadana que se traduzca en un reglamento regional que regule los instrumentos de participación y en programas y proyectos, garantizando que ellos cuenten con recursos para su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo. 

Avanzar en la implementación de un presupuesto participativo regional (experiencia FRIL participativo): la experiencia de la región de Los Ríos y la emergente experiencia de la región de Tarapacá, que asignaron un 30% de los recursos de la glosa para asignación participativa, dan muestra de su efectividad. 

Facilitar la realización de plebiscitos comunales: Se propone modificar la ley 20.500 para reducir el quorum inicial al 5% de los votantes efectivos de la última elección municipal en la comuna y los votos necesarios para validar el proceso al 50% +1 de los votantes de la última elección municipal. En cuanto a la reducción del costo se propone apoyar con una glosa del presupuesto regional y estudiar la factibilidad de introducir modalidades electrónicas de votación. 

Favorecer mecanismos de transparencia, consulta y rendición de cuentas a través de una plataforma virtual: que los Gobiernos Regionales, incluyan por vía administrativa, una plataforma electrónica para propuestas y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Solicitar la constitución del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (Art. 17 letra a) de la Ley N°21.074 que fortaleció la LOC 19.175 y de los Consejos Regionales Consultivos de la Sociedad Civil.

Iniciar la implementación de Escuelas regionales de formación de la sociedad civil: una política regional de participación ciudadana que garantice recursos anuales para capacitar a los dirigentes sociales, en convenio con las universidades públicas regionales, administrada por un Consejo plural y autónomo y sin intervención del gobierno regional. 

3. En materia de capital humano: Avanzar en el diseño de una política de estado en materia de capital humano, donde el rol público coloque los incentivos necesarios para captar a los mejores talentos y permitir a los profesionales de los territorios (especialmente aquellos vulnerables y rezagados) asentarse con proyectos laborales, de vida y familiares atractivos con condiciones asimilable progresivamente a la zona central del país. 

Reconocer y trabajar activamente con los funcionarios públicos de todo el aparato estatal, y muy especialmente, con aquellos servicios que podrían ser objeto de transferencia de competencias en el corto plazo (uso del artículo V transitorio por su S.E. el Presidente de La República a contar de Marzo del 2019). De igual modo, iniciar un fuerte plan de acompañamiento, promoción de condiciones y reconocimiento de buenas practicas en cada uno de los Gobiernos Regionales del país. 

Intencionar la oferta pública en materia de educación superior técnico-profesional vinculándola con las oportunidades y desafíos que los territorios imprimen económica y productivamente 

Creación de Observatorios Laborales Regionales que monitoreen los avances de la Política de Estado. 

Insertar una verdadera cultura del desarrollo regional, construido y proyectado desde los espacios y las comunidades locales y regionales, con sentido de identidad y de pertenencia, a nivel primario, secundario y superior. 
 
4. En materia de rentas regionales: 

OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y POLÍTICAEQUILIBRIO FISCAL: No incrementar el actual déficit fiscal.

EFICIENCIA DE GESTION, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA: Asegurar el buen uso de los nuevos recursos transferidos y generados, incrementando la responsabilidad fiscal de los gobiernos subnacionales.

CRECIMIENTO Y EMPLEO, CON VALOR COMPARTIDO: Fortalecer las capacidades de las comunidades y territorios de nivel local y regional, incentivando iniciativas de desarrollo económico con generación de empleos de calidad, de beneficios y responsabilidades compartidas. 

CONFIANZA: Cumplir el programa de gobierno comprometido con la ciudadanía.

GRADUALIDAD: implementación progresiva, comprometiendo una Hoja de Ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo.

EQUIDAD: Corregir extremas asimetrías en provisión de servicios básicos y capacidades de gestión del desarrollo entre comunidades locales y regionales de Chile, contribuyendo a un desarrollo social y territorial más equilibrado de Chile.

PARTICIPACION. Actores y niveles: Promover la participación responsable y articulada de todos los actores del desarrollo (públicos, privados, académicos, sociales) de nivel local, regional y nacional. 

SENTIDO DE URGENCIA. Legislar a tiempo y bien: Anticiparse al inicio (2019) de las campañas de elecciones municipales y de Gobernadores Regionales (aprendiendo de países que se demoraron demasiado, reaccionando bajo fuerte presión de los niveles subnacionales, legislando tarde y mal).

PROPUESTA DE MEDIDAS 

Definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional (2°sem.2018)Formular y comprometer una Política de Estado de “Descentralización Fiscal Responsable”, que responda a las necesidades de gasto y a la capacidad de generar ingresos de las Municipalidades y los Gobiernos Regionales, garantizando un financiamiento mínimo común y equitativo de los servicios públicos básicos, Criterios exigibles: condiciones para el buen uso de los nuevos recursos disponibles. Asignación NO discrecional de las transferencias: en base a criterios e indicadores técnicos previamente definidos.  Calidad de gestión: medida en base a variables e indicadores objetivos. 
Inversiones en más y mejor desarrollo: no en gastos corrientes ni en redes clientelares.
Gobernanza multiactores: público, privada, académica, social (previamente institucionalizada).
Transparencia: información completa (ingresos, gastos) en plataformas de libre acceso; rendición de cuentas robustas. 
Crear el Fondo Nacional de Desarrollo Local (hasta 2019)
Aumentar los recursos transferidos a los gobiernos regionales a partir de los programas de inversión de impacto regional que hoy están en los ministerios (2019).
Crear una franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversión o programas en beneficio de la comunidad (hasta 2020). 
Aumentar los recursos de libre disposición de los municipios mediante la mejora de normas legales y reglamentarias que faciliten la recaudación de impuestos y derechos municipales (2020). 
Mejoramiento del Fondo Común Municipal.
Medidas de corto plazo, con actual avance transversal: 2018 hasta 2020Aumento del % de inversión regional FNDR, respecto del total de inversión regional; gradual en 8 años, pasando de un 7% a un 15%.
Fondo de desarrollo local, a partir de cartera de proyectos, administrado por Corporación (gobernanza público-privada-social).
Fortalecimiento de un Fondo de Convergencia para la equidad territorial, destinado a zonas de rezago, flexible y de mediano plazo.
Descentralizar fondos discrecionales de SUBDERE (Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB); esterilización de mascotas, otras)
Equidad en el pago de patentes comerciales, modificando reglamento de ley de rentas municipales.
Medidas de mediano plazo: 2020 al 2024% del IVA como impuesto de contribución regional
Aumento de royalties minero de 3,8 a 5%.
Aportes de parte de utilidades de las empresas públicas a los gobiernos regionales o municipios para inversión en proyectos territoriales, con incentivos a la buena gestión y ejecución presupuestaria.
Retribución de 3% del valor nominal de los minerales extraídos destinado a obras de desarrollo de zonas en las que se realiza la actividad extractiva de grandes empresas mineras.
Ley de puertos: tasa a la carga movilizada).
Tasa a la tala forestal (sobre 200 ha).
Impuestos verdes.
Endeudamiento acotado para inversión de GOREs y Municipios.
Descentralización de las compras públicas: convenios marcos regionales.