Lo que hoy observamos en Chile no es solo un sistema con una multiplicidad de partidos y ausencia de coaliciones mayoritarias, sino una dinámica en la que la proliferación de actores convive con una polarización creciente y una alta volatilidad electoral. En ese escenario de atomización polarizada, el conflicto entre establishment y anti-establishment se ha convertido en uno de los ejes más visibles de la competencia política actual; es el lenguaje transversal a través del cual una crisis de representación prolongada se expresa, se recicla y se reproduce elección tras elección.

A diferencia de los clivajes clásicos descritos por la teoría política, anclados en divisiones sociales duraderas, la fisura anti-establishment no nace de una identidad social estable ni de una ideología coherente. Es, más bien, un eje “altimétrico”: arriba versus abajo, élites versus ciudadanía, poderosos versus gente común. Su fuerza no proviene de un proyecto político articulado, sino de una emoción compartida y transversal: la desconfianza. Pierre Rosanvallon identificó tempranamente sus rasgos centrales en la política francesa de los años noventa, promovidos contra el “duopolio” por el lepenismo emergente. En Chile, esa emoción dejó hace tiempo de ser solo retórica. La confianza en los partidos y la identificación partidaria alcanzaron mínimos históricos durante el estallido social de 2019 y, aunque hoy son algo más altas, continúan en niveles preocupantes.

Este debilitamiento de los vínculos representativos no ha dado lugar, sin embargo, a la emergencia de un nuevo clivaje estructurante. Más bien ha abierto un interregno político en el que los ejes tradicionales pierden capacidad ordenadora sin ser reemplazados por otros nuevos plenamente consolidados. En este contexto, la competencia se define menos por identidades estables que por la captura coyuntural de issues de alta intensidad emocional —seguridad, migración, crecimiento, orden público— que operan como sustitutos temporales de los clivajes históricos debilitados.

Cuando los partidos dejan de ser percibidos como intermediarios legítimos, la fuerza electoral ya no se construye demostrando capacidad de gobierno, sino exhibiendo distancia respecto del sistema. La política se vuelve performativa e  importa más parecer auténtico, incorruptible y ajeno al poder que articular soluciones políticas viables. Esta performatividad desafiante no es solo comunicacional, sino también institucional. Ser “anti-establishment” se transforma así en una credencial rentable, incluso para actores que han formado parte del establishment durante años. Tanto el Frente Amplio como el Partido Republicano se han beneficiado temporalmente de esta lógica. Sin embargo, su problema es evidente: una vez que se accede a La Moneda, la impostación de exterioridad pierde verosimilitud y se transforma en una nueva fuente de frustración y desgaste.

La alta fragmentación del sistema de partidos refuerza este fenómeno. Un Congreso con cerca de diez partidos efectivos no expresa pluralismo virtuoso, sino la precariedad de un sistema de partidos desinstitucionalizado por la ruptura del vínculo con la sociedad. Para el votante promedio, la multiplicidad de siglas, las alianzas inestables y los partidos al borde de la disolución legal no transmiten diversidad, sino caos, improvisación e incompetencia. La conclusión antipolítica es devastadora: la política no funciona y no sirve a mayorías inseguras, endeudadas, desafectas e iracundas.

La fragmentación no es solo consecuencia del rechazo a la política tradicional; es también su principal reproductora. La polarización, lejos de ordenar ese paisaje, lo simplifica narrativamente. Con un centro debilitado, la competencia se desplaza hacia los polos, no para consolidar bloques ideológicos estables, sino para fragmentarlos aún más en una carrera por la pureza, la distancia respecto del poder y la captura del malestar que permitan obtener la hegemonía del bloque respectivo.

En este escenario, la búsqueda analítica de principios de orden ha llevado a interpretar ciertos episodios electorales recientes como expresiones de divisiones fundacionales. Sin embargo, conviene distinguir entre issues y clivajes. Un issue puede movilizar intensamente al electorado en una coyuntura específica, pero carece de la capacidad estructurante que define a un clivaje: estabilidad estructural y temporal, traducción organizacional, identidades colectivas y efectos duraderos sobre el sistema de partidos. Confundir ambos planos conduce a sobredimensionar eventos contingentes y a perder de vista la profundidad de la crisis de representación que los hace posibles.

La interpretación del plebiscito constitucional de 2022 como un nuevo clivaje fundacional se debilita precisamente a la luz de esta distinción. Más allá de lo reciente del evento, la evidencia posterior demuestra que no produjo realineamientos partidarios duraderos ni consolidó identidades políticas estables. El proceso se cerró sin un nuevo texto constitucional y sin reordenar el mapa político más allá de la coyuntura inmediata. Por el contrario, el sistema volvió rápidamente a su estado previo de fragmentación y alta volatilidad, confirmando el carácter contingente y reversible del episodio.

La división interna dentro del propio bloque del Rechazo quedó en evidencia ya en el plebiscito de 2023, cuando dirigentes que habían coincidido en 2022 adoptaron posiciones opuestas. Las elecciones municipales, regionales y parlamentarias posteriores reforzaron esta constatación. Tampoco la elección presidencial reprodujo ese supuesto eje: en segunda vuelta no se replicó el 62–38 % del plebiscito y al candidato vencedor le faltó cerca de un millón de votos para alcanzar una cifra comparable, ajustada al padrón electoral. Todo ello confirma que el voto de 2022 fue mayoritariamente instrumental: una decisión orientada a bloquear un resultado percibido como riesgoso, más que la expresión de una identidad política duradera.

Una prueba adicional se observa en la composición del gobierno surgido tras las últimas elecciones. A pesar de haber compartido la opción del Rechazo, las fuerzas que en 2025 capitalizaron el malestar anti-establishment no convergieron en una coalición gobernante. Franco Parisi y Johannes Kaiser, cuyas candidaturas sumaron en conjunto casi un 34 % de los votos en la primera vuelta presidencial, quedaron fuera del gobierno, no solo por exclusión, sino por estrategia propia. Su fuerza política depende de la distancia respecto del poder ejecutivo y de la posibilidad de seguir interpelando al sistema desde fuera. Entrar al gobierno habría implicado asumir costos de gestión y responsabilidades institucionales incompatibles con una lógica basada en la capitalización del descontento.

Así, la línea de conflicto que mejor explica el éxito de estos actores —y que tensiona tanto a la derecha como a la izquierda tradicionales— es, precisamente, el eje establishment/anti- establishment. Su estrategia no consistió en reabrir un debate constitucional ya cerrado, sino en encarnar la voz del “afuera”, de una ciudadanía que se percibe traicionada por una élite considerada homogénea en su fracaso.

Sin embargo, este eje no reemplaza por completo al histórico izquierda-derecha, que sigue operando como una brújula básica para una parte relevante del electorado y de las estructuras partidarias, aunque de forma más flexible y menos ideologizada. La política chilena contemporánea se define, así, por la superposición inestable de ambos ejes.

El comportamiento electoral termina de cerrar este círculo. La alta volatilidad, el voto de protesta expresado en parte de los millones de sufragios nulos y blancos, y el éxito recurrente de outsiders confirman que la desconfianza es el principal motor del sistema. Pero ese mismo voto, al no cristalizar en lealtades institucionales, reproduce la inestabilidad que dice denunciar. El sistema castiga, pero no corrige.

El conflicto anti-establishment, por tanto, no parece una anomalía pasajera ni una simple moda discursiva. Es la expresión política de una crisis persistente de intermediación que Chile arrastra desde hace más de una década. Mientras siga operando principalmente como un principio de negación —eficaz para vetar actores y castigar gobiernos, pero incapaz de articular mayorías positivas, coherentes y duraderas—, continuará alimentando un sistema atrapado en el desencanto: móvil, fragmentado y polarizado, pero estructuralmente incapaz de producir un nuevo principio de orden.