A mitad de semana el Banco Central sorprendió a la opinión pública con 2 noticias: en materia de crecimiento subió pronóstico y se espera entre 2,25% y 3% en este 2024, producto de los mejores números en materia de la demanda interna y un impacto favorable de un mayor precio del cobre, que afecta positivamente en la inversión y el consumo. Aunque la construcción muestra baja actividad, la ejecución de la inversión pública sigue habiendo retrasos en MOP y Salud Pública y la ejecución de la innovación productiva en CORFO y en Ministerio de Ciencias hay una mejor expectativa de crecimiento por el mayor precio del cobre y el mayor consumo de las familias.

 Pero lo que impactó en la opinión pública fue que el Banco Central postergara para 2026 el retorno a la meta de inflación de 3%. En su IPOM de junio, sube pronósticos inflacionarios de 3,8% a 4,2% y reitera inquietud por alza de la luz, donde según BC se prevé que la alza tarifaria incrementará en 1,45 puntos porcentuales el IPC acumulado a junio de 2025. Según BC ahora post alza tarifaria la proyección considera que la inflación anual cerraría 2024 en 4,2% (3,8% según el IPoM de marzo), mientras que en 2025 culminaría en 3,6% (3,0% en el mismo Informe), con una inflación promedio que sería 1,1 puntos porcentuales mayor durante ese año. Así, el IPoM prevé que la convergencia a la meta del 3% se concretaría en la primera mitad de 2026.

 Esta información del Banco Central generó en un sector del mundo político la urgencia de insistir con la petición al Ministerio de Hacienda de que debe inyectar más recursos fiscales al subsidio para el 40% de las familias vulnerables y así buscar ampliar la cobertura de la ayuda hacia las familias de los ingresos medios.

 Distintos senadores como Juan Luis Castro y Yasna Provoste miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado han reiterado su crítica al Ministro de Hacienda de que solo estuvo dispuesto a poner 20 millones de dólares y el resto es un subsidio cruzado de 100 millones d dólares que pondrán los clientes de mayores consumos. Así el subsidio es insuficiente y reclaman por un diseño de excesivos trámites burocrátcos como es postular cada 6 meses lo que termina siendo una barrera de entrada para las familias vulnerables.

Otra reacción, especialmente en la Cámara de Diputados, ha sido evaluar una interpelación o una acusación constitucional al ministro Pardow por no haber entregado de manera oportuna la información sobre el real efecto que tendría el alza a la ciudadanía cuando se tramitó la ley 21.667 de estabilización tarifaria, que puede alcanzar en los próximos meses un incremento de hasta el 50% en las cuentas de la luz.

El sinceramiento de las alzas ha generado dudas y críticas al ministro Pardow en los diputados y ha empezado a insistirse que se congelen nuevamente las tarifas.

Seguir “congelando las tarifas” tiene un alto costo y acrecienta una deuda del sistema con las generadoras eléctricas que financiaron el primer congelamiento tarifario desde 2019 a 2022. De hecho se calcula que la deuda debe pagarse en un app 60% a las generadoras tradicionales -que han tenido ganancias a pesar del congelamiento tarifario- y un 40% de la deuda se pagará a cientos de empresas PYMES generadoras de energías renovables limpias también afectadas por el congelamiento tarifario.

En 2016 el gobierno de la época anunció que el giro hacia las energías limpias y renovables significaría una baja de tarifas a los clientes. Esto no ha ocurrido y al parecer no ocurrirá en el mediano plazo, mientras no se resuelvan “los cuellos de botella” como la falta de líneas de transmisión, ausencia de sistemas de almacenamientos, contratos indexados al dólar y a energías fósiles no tendremos ese escenario de bajas de tarifas.

Esta política pública debiera ser más transparente, con más competencia en los distintos segmentos del mercado -generación, distribución, transmisión-, con claro foco en bajar tarifas a los consumidores en los próxmos años y promover energías limpias; en ese desafío democrático queda mucho aún por hacer.