Tras años de investigaciones, el ministro Carlos Aldana dictó la acusación por el homicidio calificado en contra de las 19 víctimas de la matanza de Laja-San Rosendo, imputándose de ellas a 14 exmiembros de Carabineros y tres civiles, exejecutivos de la CMPC, estos últimos como cómplices de los asesinatos.

Esta investigación que contó con dos etapas, siendo cerrsada la primera en la más absoluta impunidad de los hechores, fue más tarde reabierta en 2008. Luego de 10 años, el juez especialmente designado para estudiar el caso, alista, en un paso previo, la sentencia. La acusación se dictó en contra de quienes hasta ahora aparecían como procesados por el asesinato de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles en septiembre de 1973.

Se trata de 14 exuniformados que participaron de la masacre, a quienes se acusa como autores y cómplices de los homicidios calificados de la víctimas. Además, a un excarabinero se le acusa por la inhumación ilegal de los restos, mientras que a los tres civiles exejecutivos de la CMPC el ministro Carlos Aldana formula cargos como cómplices de los crímenes.

El horroroso crimen

El ministro Aldana logró determinar que entre los días 13 y 17 de septiembre de 1973, en las comunas de Laja y San Rosendo, fueron detenidas, por personal de la Tenencia de Carabineros de Laja, sin orden judicial ni administrativa competente, las 19 víctimas desde la CMPC y otras empresas y sectores rurales de la zona.

Tras permanecer varios días en los calabozos de la unidad policial, fueron sacados en vehículos de CMPC, para ser trasladados hasta el Regimiento de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, a medio camino, la comitiva se desvió, los uniformados hicieron descender a los detenidos, los tendieron boca abajo y amarrados de manos los fusilaron, disparándoles por la espalda.

Luego los criminales cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos. Días después funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la empresa.

Un mes después, perros encontraron los restos humanos y al recibir la denuncia, Carabineros de Yumbel una persona encontró a perros con restos humanos, lugar, dando cuenta a Carabineros de Yumbel trasladaron los cuerpos al cementerio parroquial, sin autorización.

La salvada de la ministra Egnem

La entonces secretaria del Tribunal y hoy integrante de la Corte Suprema, Rosa Egnem, quien ha sido sindicada como quien ocultó los antecedentes en la primera etapa, no aparece nombrada en la acusación.

La ministra fue salpicada por el caso conocido como "Masacre de Laja", que ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve trabajadores pertenecientes a la empresa de Ferrocarriles del Estado y a la Papelera, provenientes de las localidades de Laja y San Rosendo.

Los familiares de los ejecutados políticos en su oportunidad denunciaron que Egnem, quien era secretaria de la magistrada Corina Mera, del Juzgado de Yumbel, guardó el parte por inhumación ilegal –que había sido entregado por el comisario de Yumbel, Héctor Rivera– en la caja fuerte del juzgado e incluso posteriormente lo borró, alterando registros judiciales, esto en calidad de jueza (s), debido a que Mera estaba con licencia médica.

En su declaración ante ministro José Martínez, en 1978, Rosa Egnem indicó que: "La señorita Mera volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte…, pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí’. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado… Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan (desde la Corte de Apelaciones de Concepción) cuenta del estado de la causa?’. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso…, pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso…, pues me arrepentí de haberlo borrado antes…".

Dicho acto impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, por lo que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem, quien no aparece citada ni mencionada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.

A la jueza de Yumbel de aquella época, la Suprema le aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria, y a la secretaria de esa misma época, que es la actual ministra, en una primera instancia, se le aplicó también una sanción que la Corte Suprema dejó sin efecto, y ella no recibió sanciones de carácter disciplinario, pues se llegó a la conclusión que la jueza era la responsable de ese tribunal. 

La sanción a la ministra Egnem fue dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en 1978, la que posteriormente, al ser revisada por la Corte Suprema, fue revocada ese mismo año.

La CMPC podría ser condenada a pagar indemnizaciones

El abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, expresó su satisfacción por la acusación y la magnitud de los delitos imputados, que seguramente -dijo- conllevarán penas efectivas de cárcel una vez dictado el fallo de primera instancia.

Lo trascendental de la acusación es que se trata de la primera causa donde un grupo económico como la CMPC podría enfrentar su responsabilidad civil por la violación de derechos humanos en dictadura y tener que -como el Estado- pagar indemnizaciones para los familiares de las víctimas.