Por segunda vez, el suspendido ministro de Rancagua Emilio Elgueta llegó hasta el Juzgado de Garantía de la ciudad para enfrentar una nueva imputación de cargos. La primera vez fue el 26 de abril de este año, ocasión en que se formalizó por enriquecimiento ilícito y prevaricación. Ya hoy, ambos delitos se mantuvieron y sumaron los de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho.

En abril la audiencia fue dirigida por el suspendido fiscal de O'Higgins, Sergio Moya, quien aseguró que entre 2016 y 2018, Elgueta obtuvo un incremento injustificado por $28.652.021. Así también, aseguró que el ministro favoreció en algunas causas a amigos -como el médico Luis Arenas- y no se inhabilitó cuando debía. Ya hoy, la investigación la encabeza el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, tras un traslado de causa, quien mantuvo aquellos hechos y sumó otros.

En total, Barros amplió a 10 -Moya imputó tres- las situaciones que configurarían la prevaricación. Según el fiscal, en múltiples oportunidades el imputado dio foto favorable en pos de dictar sentencias de reemplazo o cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por otras de menor intensidad en casos ligados a infracción a la ley de Drogas, homicidios, entre otros.

En esa línea, el Ministerio Público, le adjudicó además al ministro su autoría en el ilícito de nombramientos ilegales respecto once designaciones que favorecieron a la hija el también suspendido ministro de Rancagua, Marcelo Vásquez, en cargos de dicha jurisdicción.

También se le reformalizó por tráfico de influencias y cohecho. Estos dos últimos, expuso Barros, se originaron durante los primeros meses del año 2018, cuando Elgueta "procedió a tomar contacto con la Secretaria del 1° Juzgado Civil de Rancagua, doña M.N.Z., respecto de quien ejerció influencia, con la finalidad de que contratara en un nuevo cargo de suplente en el citado tribunal a doña C.C.M.R., para que se desempeñara como auxiliar grado IXI".

Ya en septiembre y octubre de ese año, concluyó, Elgueta, en ejercicio de sus funciones, "le requirió a la misma secretaria (...) que incluyera en la terna respectiva a doña C.C.M.R., ofreciéndole como beneficio económico que votaría por ella para el cargo de Juez de la ciudad de San Fernando, una vez que se abriera el concurso respectivo, ejerciendo de esta forma influencia en ella para obtener una decisión que generaba un provecho para doña C.C.M.R.".

Hoy no se dictaron medidas cautelares ya que, para que ello sea posible, es necesario que el Ministerio Público interponga una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Investigación interna Tanto Elgueta, como los ministros Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz, fueron indagados al interior de Poder Judicial por una serie de irregularidades ligados a la tramitación de causas, nombramientos, entrega de dineros, entre otros.

Finalmente, la Corte Suprema resolvió acoger los cargos y confirmar sanciones, como la suspensión, además de abrir cuadernos de remoción. En su caso, la ministra a cargo de la indagatoria, Rosa María Maggi, le atribuyó intervenir en un recurso de protección del médico Arenas, proporcionándole información de la causa; y haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas.

Así también, haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, designar en un cargo a su ex cónyuge y a una ex alumna; haber exigido la designación de otra alumna -C.C.M.R.- en un cargo en el Primer Juzgado civil de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez.

Varios de estos hechos, imputados a fines de mayo por Maggi y confirmados a principios de mes por la Suprema, son los que hoy la fiscalía llevó al Juzgado de Garantía de Rancagua contra el único de los magistrados que ha enfrentado cargos en el ala penal.