Hace ya varios meses se está discutiendo en la Comisión de Economía del Senado la modernización del sistema de compras públicas que el año 2021 transó US$ 15.015 millones, que revela un fuerte incremento de los recursos asignados a las compras públicas.

Lamentablemente desde el año 2017 se observa una fuerte baja en la participación de las PYMES; cayendo lo transado por ellas desde 60% al 51,5% en 2021.

Los reclamos de los gremios PYMES de que están siendo postergados en este mercado tiene una fuerte base de realidad.

Estamos hablando de un importante volumen de recursos fiscales en Compras Públicas (US$ 15.015 millones) y la reforma legal debe crear instrumentos para que estos deban ser adecuadamente fiscalizados, ejecutados con transparencia y ayudar a un desarrollo más equitativo por ser un mercado importante.

Revisando las modalidades de compras en 2021, se mantiene un fuerte predominio de las licitaciones públicas (lo que es bueno para el sistema), pero se observa una preocupante disminución de los Convenios Marcos, una baja incidencia de las Compras Ágil y un preocupante aumento de los Tratos Directos.

LICITACIONES PÚBLICAS      TRATOS DIRECTOS        CONVENIO MARCO         COMPRA ÁGIL

US$ 9.734 millones                US$ 3.438 millones        US$ 1.542 millones          US$ 308 millones
 
Junto al resto de los senadores de la Comisión hemos estado escuchando a expertos, a gremios pymes y a funcionarios y en función de esa conversación estamos planteando los siguientes ejes de la modernización de las compras Públicas:

 
a)    En materia de Licitaciones públicas -que tiene un importante incidencia del 65% de las transacciones 2021-, el desafío es reforzar las normas de probidad y transparencia para evitar las malas prácticas que se han conocido públicamente y reforzar las normas de probidad especialmente en las Grandes Compras.

Así también evitar que las licitaciones públicas fallidas -muy recurrentes este primer semestre 2022, por la inflación- se conviertan en tratos directos; propondremos mejorar las regulaciones para que este NO sea la válvula de escape a las licitaciones públicas y buscar fortalecer los mecanismos competitivos como default.

b)    Deben fortalecerse los instrumentos de apoyo a la participación empresas PYMES como proveedores:

   En el caso de la Compra Ágil o compras menores que son solo 2% de lo transado en 2021 sugerimos elevar el techo a 120 UTM, eso implicara aumentar los volúmenes transados en esta modalidad de compras menores para las PYMES en 2 o 3 veces en los próximos años.

Asimismo propondremos regular expresamente el caso en que servicio público pueda no compras por esta vía solo en la medida que proveedores PYMES no puedan atender el requerimiento.

 En materia de Convenios Marco nos preocupa su caída en los últimos años, la que puede acentuarse por las medidas tomadas por la Dirección de Chile-Compra basada en el informe OCDE que ha dejado “efectos perversos”, ya que en sector salud se han eliminado muchos convenios marcos este 2022 por no ser ´transversales”, pero la debilidad orgánica de los Servicios de salud  han terminado resolviéndose vía Tratos Directos.

O sea el remedio (recomendaciones OCDE) generó una peor enfermedad (Más tratos directos), cuestión que creemos debe evitarse.

Los gremios pymes han denunciado que ChileCompra en las bases de los Convenios Marcos eleva las barreras de entrada, especialmente por la exigencia de las Marcas; por tanto, la posibilidad de poner barreras de entrada adicionales discriminatorias debe ser una cuestión a revisarse en la Comisión.

Los Convenios Marcos deben privilegiar la flexibilidad para que los proveedores puedan competir por precios y calidad de servicio, especialmente en regiones y a nivel de las Municipalidades.Insistimos que no parece razonable DISMINUIR rol de intermediación que hacen los Convenios Marcos y por tanto, se requiere evaluar lo implementado a partir de informe OCDE, en especial aquellas medidas que afectaron negativamente la participación de las empresas de menor tamaño.

c)     En el caso de los Tratos Directos insistimos en eliminarlos y disminuirlos al máximo. Nos parece muy preocupante que en los últimos años sean el 20% de los recursos transado, eso genera muchas debilidades ante la corrupción.

 Insistimos en perfeccionar la modalidad concordada de “Contratación Excepcional con Transparencia”, esto resuelve la causal de proveedor único, al obligar a poner en el sistema de información la oferta por 5 días y que en caso de que existan oferentes de similar estándar debiera obligarse a un método competitivo.

 Con el mismo criterio de regulación creemos que deben reglarse el uso de las causales de “Emergencia” -la cual debe estar ligada a una situación excepcional fundada en un decreto de la autoridad que califico de emergencia- y el uso de la causal de “confianza y seguridad de los proveedores”.

No puede seguir usándose la causal de emergencia para adquirir el agua de los camiones aljibes para la emergencia hídrica cuando hace ya años se está viviendo una crisis; es hora de regular mejor “las emergencias” que se entiende para enfrentar el Covid, pero resulta difícil ya de aceptar para la emergencia hídrica, por ejemplo o compras de cámaras de seguridad como ocurrió en 2020/2021 en Subsecretaría de Prevención del Delito lo cual fue cuestionado por Contraloría.

Estos 2 últimas causales han sido el 53% de los tratos directos de este primer semestre 2022 (35% emergencia y 18% confianza y seguridad proveedor), esta recurrencia exige regularlos en este proyecto de ley.

 d)    Es urgente mejorar la gobernanza en sistema de Compras Públicas considerando el volumen de recursos transados (US$ 15.000 millones).

 Es clave fortalecer la independencia del Tribunal de Contratación Pública. Ojalá el Gobierno acoja nuestras propuestas para garantizar mayor independencia y mejorar las modalidades de contratación de los jueces.

Se requiere fortalecer las rendiciones de cuentas de Chile-Compra anualmente con informes sobre las distintas modalidades de contratación (evolución anual de las licitaciones públicas, convenios marcos, contratos excepcionales con transparencia, compras menores etc) a las Comisiones de Economía de ambas corporaciones con cuenta anual en esa instancia.

También se requiere visibilizar el informe anual que hace Contraloría con su evaluación del sistema de compras públicas mediante una norma que obligue enviarlo a las Comisiones del Parlamento y al Gobierno.

Adicionalmente se requiere reforzar las capacidades profesionales y tecnológicas de Chile-Compra, que en estos últimos años se ha debilitado. Se cerró un departamento de proveedores que estaba enfocado en acceso y participación de las pymes, se cerraron los centros regionales así que no hay como dar apoyo directo a empresas de regiones.

Por tanto, insistimos que este proyecto de ley debe significar un compromiso de reforzamiento tecnológico, profesional y de capacidades institucionales de Chile Compra para implementar estos cambios, los que no se pueden implementar manteniendo constante la actual dotación.

 Más de un 20% del presupuesto fiscal se destina a las Compras Publicas; por tanto, deben perfeccionarse su regulación -esperamos en la dirección propuesta- para que exista real probidad y transparencia y esos recursos efectivamente se destinen a mejorar la calidad de vida de las mayorías.

 No desaprovechemos esta oportunidad.