El viernes 26 de enero la entonces rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Pilar Armanet, presentó al Tribunal Constitucional (TC) el requerimiento que ahora ha terminado torpedeando el artículo 63 de la Reforma a la Educación Superior, que prohibía que los controladores de las universidades tuviesen fines de lucro.

En esos mismos días, el despacho de la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, recibió tres voluminosos informes cuyo contenido era un misil para el empleador de Armanet: el Grupo Laureate, según información publicada por CiperChile.

Esos documentos demuestran que las tres universidades controladas por ese gigante del negocio educacional –entre ellas la que dirigía Armanet– y que suman 80.500 estudiantes, han infringido las normas que prohíben el lucro de forma tan grave que se exponían a ser clausuradas.

En los informes, de más de 100 páginas cada uno, el Ministerio de Educación plasmó las conclusiones a las que arribó luego de investigar durante más de 15 meses a las universidades que Laureate controla en Chile: Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar.

Luego de la extensa indagatoria, el Mineduc logró acreditar la existencia de lucro en los tres planteles y detalló en estos informes cómo cada uno de ellos está convertido en un instrumento utilizado por Laureate para incrementar su patrimonio, lo que va en directo perjuicio de las casas de estudio.