A dos años del 18-O, un nuevo informe de ONU Derechos Humanos califica como "excesivo" el uso de la prisión preventiva "en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones" del estallido social.

Este documento, que actualiza el elaborado por la misión técnica que visitó el país en noviembre del 2019 en cuanto a la adopción de sus recomendaciones desde el Estado, apunta que "existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos" y que de hecho, la Oficina no logró acceder a información actualizada al respecto.

Yendo al fondo de la discusión, el texto cita al Comité de Derechos Humanos para afirmar que "la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción", y advierte que "el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de Covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos".

"Es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva", enfatiza el escrito, recordando a su vez que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una 'pena anticipada', más que como una genuina medida cautelar".

Por otra parte, la ONU valora el rol de la Contraloría en las indagatorias abiertas desde ese periodo, al igual que los esfuerzos de la Fiscalía "para fortalecer su capacidad para abordar casos de derechos humanos, pero señala que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones"

En esa línea, si bien destaca el "diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, observa limitaciones que no garantizan una reparación integral" para ellas y sus familias.

Además, "constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas".

"Por todos estos factores, observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo", concluyó Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.

El informe identifica entre los "obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición" que el derecho de reunión pacífica aún sea regulado por el Decreto Supremo 1086 de la dictadura, que "en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas".

Por otra parte, la introducción de la Ley Antibarricadas, la propuesta que busca que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, y el proyecto que pretende eximir de responsabilidad penal a funcionarios que utilizan su arma de servicio dependiendo de las circunstancias, están entre las ideas "problemáticas" para el organismo.