El “reventón” social chileno es mucho más que una explosión y ya se ha producido un cambio subjetivo gigante, impresionante. Hoy a diferencia de hace 30 días atrás, todo se hace posible o viable: lo que muchos consideraban “irreal”, “ilusión”, “voluntarismo”, imposible” y hasta “tonto”, hoy lo proponen y hasta defienden. Ante eso la mayor inquietud es que todo quede en nada. Que el reclamo por dignidad se convierta solo en un problema de orden público o de violaciones a los DD.HH. Eso no nos puede pasar. Tiene que ganar la esperanza de que otro Chile es posible. Para eso no hay que dejar pasar el tiempo y atreverse a conquistar un NUEVO PACTO SOCIAL. 

¿Qué es eso? Inicialmente se necesita una agenda inmediata para las urgencias sociales, es cierto, pero luego se debe apuntar hacia algo mayor, con transformaciones sociales estructurales (sistema previsional solidario, seguro único de salud, justicia tributaria entre otros) y nuevas “reglas del juego”, con otra conciencia, y otro consenso social distinto al actual.

En los noventas al regreso de la democracia, se dio un “pacto” más implícito que explicito que incluía: restablecimiento pleno de la democracia, respeto a los DD. HH fundamentales, crecimiento económico acelerado y reducción rápida de la pobreza.

Hoy probablemente ese “pacto” debiera considerar: renovación profunda de las instituciones para tener una democracia más representativa y participativa; respeto a las nuevas generaciones de DD.HH.; volver a crecer más, sobre el 4%, pero esta vez no solo crecer, sino que proponerse también un mejor índice de GINI; y descarbonizar nuestra economía.

O sea, hablamos de grandes objetivos nacionales compartidos en el marco de los cuales, cada gobierno busca concretarlos con distintos énfasis e instrumentos de políticas públicas.

En el Chile del 2019, el corazón de ese nuevo pacto social debiera estar en la idea de un Estado de Bienestar activamente comprometido con los derechos sociales de las personas, sustentado en una mayor carga tributaria que permita financiarlos, así como, con tributos y un gasto social mucho más progresivo que el actual. Carga tributaria mayor administrada eficientemente por el Estado, para redistribuir en favor de los más pobres, y para ofrecer a las clases medias servicios que no lograrían de otro modo.  En Chile hoy el sistema redistributivo (impuestos y transferencias) reduce las desigualdades de los ingresos de mercado en un 5%, contra un 27% en la OCDE. La carga tributaria total de Chile es de 22.5% del PIB. La de cualquier país de la OCDE es alrededor del 30% y en muchos casos incluso sobre el 40%.

El Nuevo Pacto Social debe concordar el ritmo y el monto de las reformas tributarias, así como, los servicios ciudadanos que esos recursos podrán financiar. 

Lo anterior significa salir de la idea que el crecimiento es lo único que importa, que lo demás se arregla en el camino, sin importar las desigualdades y los abusos, y que adormecidos en un economismo tecnocrático no logran ver la realidad- real, ni las tremendas frustraciones y rabias acumuladas. 

Durante el segundo Gobierno de Bachelet se intentó avanzar en esa dirección y se nos hizo la “guerra”. El avance fue frágil, porque aún no existía el suficiente consenso social para eso.

Todo indica que ahora es cuando, producto de esta gran sublevación ciudadana, se puede instalar otra convicción en la sociedad, imparable, que corra definitivamente el cerco. Y eso es más que un mero cambio de determinadas políticas públicas, es más bien un consenso societal.

Cuando se nacionalizó el cobre hasta la derecha voto favorablemente, obligada, porque lo otro era ir en contra de un “consenso en la sociedad” incontrarrestable. Eso es lo que tenemos que lograr ahora.

Ese es el fondo de nuestro pacto social.

El pacto social es un proceso y hoy en Chile tiene que cristalizar también en una nueva Constitución que lo haga realmente viable y lo consolide: se necesita irremediablemente nuevas reglas del juego, porque las actuales son una “camisa de fuerza”, 

¿cómo se hace?

Tiene que ser una gran deliberación y participación ciudadana. No podría ser de ninguna manera como el pacto implícito de la transición, entre partidos y poderes facticos. Tiene que ser con una ancha entrada de involucramiento y decisiones ciudadanas, porque así siempre es mejor, pero por sobre todo porque con el actual descredito de la política, un acuerdo por arriba, cupular, no tendría ninguna legitimidad. Solo es posible imaginar que este será un proceso de elaboración de forma participativa desde la propia ciudadanía y con un proceso constituyente incluido: un pacto con todos y todas, algo convenido entre los social y lo político.

Hay aquí una oportunidad. Una oportunidad democrática. Una oportunidad para reivindicar a la política, empezando por recuperar su autonomía respecto del poder económico, de mostrar que puede volver a “representar bien al pueblo” hasta que la Dignidad se haga Costumbre.