El Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) interpuso una querella contra quienes resulten responsables del delito de cohecho en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca, y entre las principales diligencias solicitadas está someter a interrogatorio al actual intendente de la Región del Biobío, Jorge Ulloa.

Hernán Cortés, presidente de Condepp, sobre la petición dijo que es para "esclarecer de qué forma él participó de la legislación en la Ley Longueira, esta ley corrupta que queremos anular".

La investigación del caso Corpesca derivó en que la Fiscalía iniciara otra indagatoria independiente denominada "otras pesqueras", entre las que se encuentra la arista en torno a la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, y su vínculo con políticos, principalmente del Biobío.

En cuanto a los avances de la indagatoria, Cortés agregó "sentimos que la investigación en el caso Asipes ha estado demasiado lento" señaló en radio Cooperativa.

Son ocho políticos los que aparecen mencionados en esta causa; los exdiputados Clemira Pacheco (PS), Cristián Campos (PPD) y Jorge Ulloa (UDI), los actuales diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), el exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS), y los senadores Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Carlos Bianchi, independiente.

Sobre los emplazamientos de la pesca artesanal, en su cuenta pública la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, dijo que "está en manos de un equipo de trabajo sumamente especializado y experto y tienen la encomienda de esta fiscal de trabajar de forma acelerada".

Añadió que "esta es una investigación que ha durado mucho tiempo y respecto de la cual yo puedo decirles que dentro del primer semestre de este año nosotros podremos estar en condiciones de tomar decisiones".