Como bien informan por estos días diversos medios la estatal Codelco presentó excedentes al cierre del primer semestre de este año por U$3.675 millones, casi 10 veces más que los excedentes del año 2020 y casi del mismo orden del súper ciclo del cobre cuando, en el mismo período del 2011, totalizó U$3.913 millones.
Comprenderán mis queridos lectores que esto significa que de no mediar cambios drásticos en los próximos meses (baja de producción o de precio), lo que creo difícil, Codelco reportará en el año 2021 excedentes al Estado de Chile cercanos a los U$7.500 millones, lo que equivale al 10% de todo el presupuesto de la nación para este año 2021.
Lo anterior, ya bastante interesante, pasa a ser una nimiedad si ponemos sobre la mesa que los verdaderas controladores de la riqueza de Chile, las empresas multinacionales, son dueñas del 72% de las exportaciones de cobre, dejándonos con un malogrado 28% como país. Lo anterior ha significado que en la práctica se ha revertido el proceso de nacionalización del Cobre iniciado el 11 de julio del año 1971, ello con el gentil auspicio del duopolio imperante en los últimos 30 años donde los Gobiernos de la centro izquierda y de la derecha han permitido la indebida apropiación de nuestro cobre, bajo la inconstitucional figura jurídica de la concesión plena, por diversos grupos económicos, lo que ha permitido que no se paguen los impuestos debidos, royalty incluido, ni se cautelen ni controlen la salida del país de otros minerales de gran valor por nuestras aduanas y sistemas de control de exportaciones, produciendo un inconmensurable daño al patrimonio del país y de todos los chilenos.
Es a tal punto la barbaridad que Codelco, con menos del 30% de las exportaciones de cobre, ha entregado al país más de dos veces lo que le entregan quienes venden el 70% restante de nuestro cobre.
Ahora bien, si nos centramos sólo en las riquezas propias que como nación aún conservamos sobre ese magro 30% o menos, no podemos pasar por alto que el 10% de las ventas de la estatal CODELCO van a nutrir año a año los fondos de la Ley Reservada del Cobre que, aunque nos trataron de pasar por derogada, aún subsiste plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico nacional, desviando, las más de las veces, con ese 10% para compra de armas, más recursos que los propios excedentes que la minera estatal aporta para salud, educación, viviendas, pensiones u otros fines.
Así, y dado que según la memoria 2020 de Codelco, la empresa alcanzó ese año un Ebitda consolidado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y Ley Reservada del Cobre) de US$ 5.289 millones, superior en un 31% al del año 2019, cuando ascendió a US$ 4.043 millones; comprenderán que las proyecciones que podemos hacer para este año 2021 son de proporciones bastante superiores, ya en excedentes, ya en ganancias y, por tanto, también, en aporte a la compra de sistemas de armas, que eso es en definitiva la Ley Reservada del Cobre y el famoso 10% aún vigente.
Sólo el año 2019 ese 10% para compra de armas fue de U$948 millones y en el año 2020 de U$1.065 millones, sumas que serían dobladas este año 2021, totalizando más de U$4.000 millones en sólo 3 años para destinarlos exclusivamente a compra de armas. Así, y sea cual sea el valor de ventas que se tome como base de referencia, pues varía cada año, lo cierto es que ese 10% de las ventas de Codelco es de proporciones más que significativas y más cuando su única finalidad es la compra de sistemas de armas en un mundo agotado por guerras y desastres de todo tipo, pandemia incluida.
Pero a dónde quiero llegar dirá el lector? A un punto muy simple y que consiste en acreditar, como lo he hecho, la cantidad exhorbitante de recursos propios que nuestro país o está dejando en manos de grupos económicos (70% minería privada) o está destinando a acumulación para compra de sistemas de armas vía 10% de las ventas de CODELCO, lo que implica que el Estado de Chile está dejando de usar para beneficio país, sólo este ejercicio presupuestario 2021, cerca de U$20.000 millones e incluso más de mantenerse el precio de la libra de cobre por sobre los 4,5 centavos de dólar promedio en los meses faltantes.
En otras palabras, si el total de las riquezas de cobre de Chile fueran explotadas por el Estado respetando el acuerdo de nacionalización, unánimemente aprobado por nuestro Congreso hace 50 años, y termináramos de verdad con el escándalo de la ley reservada del cobre, aún vigente por una década según las nuevas reglas legales, Chile podría disponer de cerca de U$20.000 millones adicionales para este año 2021. Esta suma, sin embargo, se verá reducida permanente y fuertemente, pues como hemos anticipado precedentemente casi el 70% de la minería del cobre está en manos privadas que aportan sólo la mitad de lo que produce nuestra cuprera con tan sólo un 30% de las reservas. En cifras gruesas y según valores 2021, esto equivale a dejar de percibir para Chile anualmente, sumando el 10% de la ley reservada del cobre, cerca de U$20.000 millones anuales, suma que representa casi el 30% del presupuesto de la nación para este año, presupuesto que como sabemos es de U$73.000 millones.
En 1971 fue posible, con un gran y unánime acuerdo del Congreso, nacionalizar la minería del Cobre, lo que ha traído ingentes beneficios al país. Por qué ello no puede volver a ser posible 50 años después gracias al primer proceso constituyente con participación ciudadana y amplio respaldo en urna. La nacionalización plena de nuestras reservas de cobre y litio, brillante y justo acto soberano, que incluso está consagrado en resoluciones de las Naciones Unidas que han establecido que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas esenciales, justificaría con creces la existencia de la Convención Constitucional, asegurando el futuro de Chile en desarrollo, riqueza e independencia total y posibilitando un estado de bienestar y felicidad que cualquier nación merece alcanzar.
