Es una de las protagonistas de toda la polémica por la objeción de conciencia para practicar abortos en las tres causales que están permitidas por ley. La Universidad Católica había iniciado una lucha en tribunales para que se les permitiera a sus centros de salud -en particular las Red Chirstus- acogerse institucionalmente a la objeción de conciencia y no practicar abortos, incluso en aquellos establecimientos que tuviesen convenios con el Estado. Así el 8 de febrero pasado había interpuesto un recurso de protección para que el protocolo de aborto presentado todavía en el gobierno de Bachelet fuera declarado “ilegal”, pero terminó con su causa judicial cuando, al asumir Piñera, el ministro actual de Salud cambió el protocolo.
Ahora, las cosas vuelven a darse vuelta una vez que la Contraloría decretó que el protocolo actual, publicado el 23 de marzo en el Diario Oficial, no se ajusta a derecho, y que aquellas instituciones que reciben fondos públicos deben acogerse íntegramente a las disposiciones legales. Ante este escenario, el director de Asuntos Jurídicos de la UC, Juan Esteban Montero, dijo que “nuestra posición es que hoy somos objetores de conciencia institucional frente al nuevo protocolo de marzo (el que fue cuestionado ayer por la Contraloría), ya que hemos cumplido con todos los requerimientos y ya pasó el plazo que el Minsal tenía para pronunciarse. Cuando salga el nuevo reglamento, cumpliremos nuevamente con lo que corresponda para ser objetores de conciencia”, según informa La Tercera.
En ese sentido, advirtió que “si es necesario acudir nuevamente a la Justicia, lo haremos”.
En ese sentido, advirtió que “si es necesario acudir nuevamente a la Justicia, lo haremos”.
Cómo lo vivió La Moneda
No fue exactamente una sorpresa. Desde hace al menos una semana, en el Ejecutivo existía conocimiento de que la Controlaría emitiría un fallo contrario al protocolo de aborto que había realizado el ministro de Salud, Emilio Santelices, sin la venia explícita de Piñera, y en que se consagraba el derecho institucional a la objeción de conciencia.
La tarde de ayer, cuando Contraloría dio a conocer el dictamen que indicó que el protocolo no se ajustaba a derecho, el Gobierno profundizó el trabajo sobre el nuevo reglamento y respaldó al ministro del área. Y en paralelo arreciaron las críticas internas y públicas en el oficialismo al rol que está ejerciendo el Contralor Jorge Bermúdez, dice una información de La Tercera.
En la reunión de comunicaciones a la que asiste Presidencia, Interior, Segegob y la Secom, se analizó cómo se reaccionaría el Ejecutivo. Fue la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien tras participar de la comisión de Educación del Senado y de una reunión a puertas cerradas con el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, salió a dar las explicaciones del caso.
Aunque, al conocerse la noticia, de inmediato hubo voces del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría que planteaban que el ministro de Salud, Emilio Santelices, debía dar un paso al costado, en el oficialismo se afirma que su continuidad no está en duda por ahora. Ello, por dos motivos. Primero, porque el error en el protocolo fue “colectivo”, Santelices no fue el único responsable. Cabe recordar que fue el ministro junto con el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, quienes dieron el vamos a los cambios que fueron finalmente objetados por la Contraloría. Y segundo, porque el ente contralor también estimó que el protocolo realizado por el gobierno de Michelle Bachelet no se sujetaba a derecho, por lo que ello “atenúa la carga” sobre la administración Piñera.
Bermúdez en la mira
La tarde de ayer, cuando Contraloría dio a conocer el dictamen que indicó que el protocolo no se ajustaba a derecho, el Gobierno profundizó el trabajo sobre el nuevo reglamento y respaldó al ministro del área. Y en paralelo arreciaron las críticas internas y públicas en el oficialismo al rol que está ejerciendo el Contralor Jorge Bermúdez, dice una información de La Tercera.
En la reunión de comunicaciones a la que asiste Presidencia, Interior, Segegob y la Secom, se analizó cómo se reaccionaría el Ejecutivo. Fue la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien tras participar de la comisión de Educación del Senado y de una reunión a puertas cerradas con el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, salió a dar las explicaciones del caso.
Aunque, al conocerse la noticia, de inmediato hubo voces del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría que planteaban que el ministro de Salud, Emilio Santelices, debía dar un paso al costado, en el oficialismo se afirma que su continuidad no está en duda por ahora. Ello, por dos motivos. Primero, porque el error en el protocolo fue “colectivo”, Santelices no fue el único responsable. Cabe recordar que fue el ministro junto con el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, quienes dieron el vamos a los cambios que fueron finalmente objetados por la Contraloría. Y segundo, porque el ente contralor también estimó que el protocolo realizado por el gobierno de Michelle Bachelet no se sujetaba a derecho, por lo que ello “atenúa la carga” sobre la administración Piñera.
Bermúdez en la mira
La relación con el Contralor ya venía resentida porque se consideró inapropiado que anunciara que le tomaría seis meses resolver el asunto de Pablo Piñera, el hermano del Presidente que había sido nombrado embajador y cuya designación debió bajarse, por lo que la actual situación sólo calentó más los ánimos. El diputado RN Gonzalo Fuenzalida escribió en redes “Bermúdez fue designado Contralor, pero se cree Dios, Amo, Señor y Presidente de la República”, mientras que Javier Macaya criticó el uso del meme en twitter con que se hizo pública la resolución.