Por Catalina Reyes R.

“Existieron 3 mil 500 lesionados por agentes del Estado (7 de los cuales corresponden a fallecidos), 11 mil lesionadas en general y 347 lesiones oculares (5 de ellas con ceguera irreversible), casi cinco mil carabineros lesionados (...)”. Esas fueron las palabras del exministro del Interior Víctor Pérez, en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que se realizó al cumplir un año del estallido social. Las cifras indicadas por el ahora ex secretario de gobierno corresponden a los números oficiales que se registraron luego de la crisis que vivió el país.

De la mano de esto, la entonces autoridad explicó que además había 63 investigaciones sumarias administrativas y 451 sumarios administrativos, lo que conllevó a 270 procesos indagatorios respecto a irregularidades en la forma en que se ejerció el orden público. También explicó que el Ministerio Público presentó 230 querellas contra estos funcionarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) habría hecho lo propio en dos mil quinientos casos.

A pesar de aquello, una de las grandes críticas hechas tanto por víctimas como por distintos parlamentarios de la oposición es la falta de reparación hacia quienes sufrieron vulneración de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, la serie de manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre del 2019 dio paso a la discusión de una nueva Carta Magna, con la idea de que se desarrolle entorno a la consideración de derechos sociales, pero también dejar escrito que las Fuerzas de Orden y Seguridad cumplan las normas correspondientes a los tratados internacionales que Chile ha firmado.

Constituyentes por los Derechos Humanos

La discusión sobre una Nueva Constitución comenzó luego de un gran descontento por parte de los chilenos frente al alza del precio del transporte público, Sin embargo, dicho debate fue solo el comienzo que dio paso a que se manifestará con más fuerza que nunca el malestar producto de la falta de acceso de muchos ciudadanos a derechos sociales.

Educación salud, trabajo y vivienda, son las principales temáticas detrás de las múltiples protestas realizadas desde el 2019. En estas áreas, son diversos los candidatos a constituyentes que se encuentran trabajando propuestas que garanticen la protección de derechos.

Catalina Lagos es una abogada feminista con Magister en Derecho Público y candidata constituyente del Distrito 10 por la lista Apruebo del Partido Socialista. Su carrera ha estado centrada en trabajar por los Derechos Humanos y su campaña actual no se encuentra ajena a aquello.

Para no dejar de lado ninguna de las bases que conforman todo aquello que son los Derechos Humanos, Catalina Lagos cree que es importante que se construya una cultura entorno a ello y que esta quede respaldada a través de distintas vías en la Nueva Constitución.

La histórica impunidad

Lagos, trabajó como abogada litigante en casos de ejecuciones políticas durante la dictadura, luego en Corporación Humanas, trabajó en casos de violencia sexual como forma de tortura durante la dictadura, y en casos de violencia sexual ocurridos en democracia en el marco de manifestaciones estudiantiles.

“Me pareció fundamental instalar en el debate constituyente la necesidad de poner freno a la impunidad por violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes estatales. Podemos ver que respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar, todavía existen amplios márgenes de impunidad”, explicó la abogada.

Respecto a la forma en la que busca lograr que la Carta Magna se centre en esta materia, la candidata a constituyente señaló que son múltiples las vías a desarrollar, “consagrar la prohibición de la tortura a nivel constitucional, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, del genocidio, del delito de tortura. Establecer derechos para las personas que han sufrido actos de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de estos delitos”.

Para que su aporte sea lo más completo posible, la candidata ha conversado con distintas organizaciones que trabajan temas de Derechos Humanos y en ellas también se repite la idea de lograr una cultura que se base en dicha materia.

Sin embargo, a Sylvia Castillo, presidenta de la Red ciudadana de Derechos Humanos, le preocupa que actualmente no son muchos los constituyentes que se encuentran debatiendo la histórica impunidad. Castillo, cree que la discusión debe darse en distintos sectores para que así ocurra con “altura de mira y visión de país”.

Además, señaló que, “pensamos que Derechos Humanos es todo. Lo vivimos y lo sufrimos como familiares de víctimas durante la dictadura. Lo que a nosotros nos preocupa en particular y que debiera quedar explícito en la Nueva Constitución es que haya un freno a la impunidad que se está produciendo, a la impunidad que se lleva produciendo hace rato. Entonces, pensando que es necesario generar compromisos y debemos relevar el tema, porque no es un tema que se trate habitualmente en las constituciones de distintos países”.

En cuanto a las formas específicas que se quieren considerar en la escritura de la Nueva Constitución para evitar la impunidad, Castillo cree que deben ser respetados los tratados internacionales, debe conservarse el derecho a la verdad para que de esa forma realmente se investigue, para que las sanciones sean proporcionales. “La justicia ha tardado muchísimo tiempo en llegar y a mi juicio cuando tarda mucho, ya no es justicia”, señaló Sylvia.

Tratados internacionales

Durante las manifestaciones que comenzaron en octubre del 2019, nuestro país recibió una serie de visitas por parte de organismos internacionales, reportes por parte de organizaciones de la sociedad civil e internas, que coinciden en que se estaban vulnerando derechos humanos producto de la represión por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero también por parte de las Fuerzas Armadas. A pesar de eso, el gobierno negó constantemente los hechos y más tarde las víctimas expresaron que ni siquiera habían sido contactadas por parte de las autoridades.

“Las recomendaciones entregadas por distintos organismos no se han cumplido por parte del gobierno. Hay una responsabilidad primaria por parte de este, porque además no se han condenado con la fuerza que requieren los hechos ocurridos, de manera tal que estamos en una situación que es muy preocupante y tremendamente grave”, dijo Lagos.

Mientras no hay respuesta por parte del gobierno, la Comisión de DDHH, aprobó en general el proyecto que busca reparación para las víctimas del estallido social.

Refundación de Carabineros de Chile

La discusión sobre la refundación de las Fuerzas de Orden y Seguridad de nuestro país lleva tiempo siendo sugerida. Sin embargo, luego del estallido social, esta tomó aún más fuerza tanto en la opinión pública como en los debates entre parlamentarios.

Esto último, debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos que se observaron desde octubre del año 2019. La candidata a constituyente por la campaña Apruebo (PS), Catalina Lagos, coincide en que, desde el estallido social, Carabineros de Chile ha demostrado falta de capacitación, profesionalización y sujeción de poder civil.

Por su parte, el titular del Interior, Rodrigo Delgado, rechazó completamente la idea de refundar la institución, luego de que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar defendiera la iniciativa.

A 13 dias de la elección de constituyentes, diversas organizaciones se muestran preocupadas por la falta de discusión en torno a un tema que consideran primordial para la protección de Derechos Humanos.