A comienzos de año, una de las plataformas de compra y venta por internet fue la vía en que se registraron dos casos de billetes falsos. Las víctimas ofrecían teléfonos celulares de alta gama y en ambos casos concretaron la transacción en una estación del Metro en el centro de Santiago. En dichas ocasiones la compradora resultó ser la misma mujer, que entregó un fajo de billetes y aconsejó a los vendedores que los guardaran inmediatamente, pues podrían ser objeto de un robo.

Pasados los minutos, cuando los afectados revisaron el dinero recibido (cerca de $ 400 mil), se dieron cuenta de que el efectivo era falsificado. Una investigación desarrollada por la Bridec de la PDI logró dar con la identidad de la estafadora y determinó las primeras pistas: se fabricarían en Puente Alto y estarían siendo distribuidos a través de un taxista.

Este delito, no obstante, no resultó ser un hecho aislado. Según la información que el Banco Central entregó a La Tercera tras una solicitud vía Ley de Transparencia, solo en 2016 el ente fiscal registró un total de 29.786 de estos documentos adulterados, convirtiéndose así en la cifra más alta de los últimos seis años (ver infografía). En este mismo período, además, el número de piezas fraudulentas identificadas mostró un incremento de 37,1%.

El Banco Central es la última instancia en lo relativo a billetes falsificados. Esto porque, según la normativa vigente, cada vez que uno de estos papeles adulterados ingresa a una institución financiera, esta debe reportarlo al instituto emisor. Así, el Central debe analizar el documento, verificar la falsedad y denunciar al Ministerio Público, según La Tercera.

En la respuesta a la solicitud de Transparencia, firmada por el gerente general del ente rector, Alejandro Zurbuchen, la entidad indica que no entregará información más específica (como el número de denuncias anteriores a la verificación o la denominación más falsificada), argumentando que “su divulgación o comunicación podría afectar la seguridad de la Nación y el interés nacional”, ya que “conlleva el riesgo de afectar los intereses económicos del país, al afectar la confianza en el circulante legal y su aceptación”.

Según la información del organismo, al cierre de 2016 había 947 millones de billetes en circulación, por lo que los falsificados alcanzaron el 0,003% del total.

Este fenómeno ha sido seguido de cerca por la Jefatura Nacional de Delitos Económicos (Jenadec) de la PDI, que periódicamente sostiene reuniones con la institución para tratar esta problemática.

El prefecto inspector Hugo Pérez, jefe nacional de Delitos Económicos de la policía civil, indicó que “los delincuentes que se dedican a la producción de billetes falsificados se dividen entre fabricantes y distribuidores. Estas personas, paulatinamente, han mejorado las técnicas de elaboración a través de la aplicación de nuevas tecnologías, utilizando maquinarias industriales, implementando materias primas de similares características e intentando imitar los elementos de seguridad”.

Según las estadísticas de la PDI, entre 2015 y julio de 2017 se ha detenido a 86 personas por este ilícito. Pérez también indicó que “sería importante obtener esa información (obtenida por La Tercera) para contar con una cifra real del dinero falsificado que pasa por nuestro territorio y que no sea diferente respecto a estadísticas de las distintas entidades relacionadas con la persecución o detección de las mismas”.

Este delito, además, tiene ramificaciones en el extranjero. El jefe policial reveló que en 2016, “Perú desarticuló una banda dedicada a fabricar billetes de nuestra denominación, los que luego eran ingresados al país por las fronteras de la zona norte”. Añadió que “los más falsificados son los de $ 10.000 y $ 20.000, ya que por su denominación son los que más rentan utilidades para los defraudadores, utilizándose el papel celulosa con algunos químicos para aparentar el sustrato de algodón que utilizan los billetes originales”.