El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur en Australia aplazó el fallo sobre la solicitud de extradición de Adriana Rivas, torturadora de la dictadura, para ser enjuiciada en Chile por la desaparición de siete personas en la década de los 70, entre ellas una mujer embarazada.
El magistrado Philip Stewart indicó este martes, cuando estaba previsto que se anunciara su fallo, que necesita más tiempo para analizar el caso, por lo que retrasó su decisión hasta el 29 de octubre.
La acusada, quien compareció por videoconferencia desde la cárcel en la que está recluida tras su detención en Sidney en febrero de 2019, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella.
Adriana Navarro, abogada que representa a seis de las siete familias de las víctimas de la ex secretaria de Manuel Contreras, dijo a Efe que el aplazamiento responde a "una serie de retrasos" en el equipo legal de Rivas durante el juicio.
Por su parte, Peter Tsintilas, uno de los abogados de Rivas, comentó que se trata de "un asunto complejo" que necesita "digerir" el juez, al agregar que la defensa esperará la decisión para saber cuál será el siguiente paso a tomar.
La defensa de Rivas ha cuestionado la legalidad de la petición de extradición de Chile, aunque la fiscalía considera que la solicitud se ajusta a los requerimientos de la ley australiana.
El proceso para decidir sobre la extradición de la ex espía de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llevar la batalla legal a la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.
Chilenos esperaban fallo
A las afueras del tribunal esperaban una veintena de activistas portando pancartas y fotografías de los siete desaparecidos al ritmo de la música del cantautor chileno Víctor Jara.
"Hoy día queríamos un resultado, hasta cuándo las familias pueden estar esperando", dijo una de las activistas que no pudo entrar en la sala por las medidas de restricción por el Covid-19, mientras otro anciano remarcó que "seguiremos hasta que se haga justicia".
Por su parte, la abogada Navarro recalcó que las familias de las presuntas víctimas de Rivas tomaron el retraso con tranquilidad dado que "han estado esperando más de 40 años una resolución para saber qué ha sucedido con sus seres queridos".
La mujer de 67 años presuntamente integró la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y se le acusa haber participado en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención
