En medio de la polémica que provocaron los dichos del Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, luego de reconocer frente a 900 oficiales que en sus filas se habían vendido armas a narcotraficantes, otro documento abre un nuevo frente de controversia al interior de la institución.

El pasado viernes 23 de noviembre ingresó un informe reservado a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la propia institución reconoce y confirma que ascendió de rango a funcionarios que se encontraban procesados por fraude al fisco. Las razones del Ejército para explicar dichas promociones, en la mayoría de los casos, es por falta de información.

El documento, al que tuvo acceso La Tercera, se presentó en respuesta a un recurso de protección interpuesto por el capitán Rafael Harvey Valdés, quien ha denunciado una supuesta “red de protección a la corrupción” en la institución castrense, y a quien cuentas anónimas en redes sociales han acusado de ser autor de la filtración del audio publicado por The Clinic con los dichos del general Martínez.

El documento de 11 páginas, firmado por Alejandro Villagra Ramírez, Jefe de Estado Mayor del Comando General del Personal Subrogante, “por orden del comandante general del personal”, hace mención a los cuatro casos que Harvey Valdés expuso en el recurso donde denuncia un “actuar ilegal y arbitrario” de las instancias evaluadoras de dichos ascensos.

Uno de los casos que contiene el oficio es el del teniente coronel Nelson Cantillana, quien fue ascendido al grado de mayor el pasado 1 de enero de 2011, pese a que al momento de su ascenso (3 de octubre de 2008) estaba procesado por fraude al fisco por una suma cercana los 44 millones de pesos. Finalmente Cantillana fue condenado por el Segundo Juzgado Militar el 13 de octubre de 2012.

Si bien el teniente coronel posteriormente fue absuelto de los cargos, desde la institución reconocieron que cuando ascendió a mayor efectivamente se encontraba en circunstancias que técnicamente no lo permitían. “Fue ascendido al grado de mayor encontrándose en una de las circunstancias previstas en el ‘Estatuto del Personal para las FAs’, esto es, sometido a proceso por delitos sancionados con pena aflictiva”, sostiene el mencionado documento.

A continuación, el Ejército explica oficialmente que no sabía que uno de sus miembros estaba procesado. Expone: “Por la circunstancia que el procesamiento fue informado a la autoridad administrativa correspondiente (Comando de Personal) solo el 5 de noviembre de 2012, lo que evidencia que a la fecha de su ascenso, no existía información disponible que impidiera su promoción”.

Lo mismo ocurrió con el caso del excabo primero Heriberto Cortez, quien con fecha 1 de enero de 2015 recibió la noticia de su ascenso mientras estaba en prisión preventiva producto de un procesamiento por una defraudación que supera los 250 millones de pesos. El funcionario fue llamado a retiro en 2017. En este caso el Ejército también arguyó falta de información.

“Al igual que el caso del TCL Cantillana, el ascenso del ex CB1 Cortéz se produjo como consecuencia que el COP (Comando de Personal) no contaba con información respecto de la situación procesal del cabo”, manifestaron.

Respecto del caso de la sargento segundo Jacqueline Carrasco, sometida a proceso por dos delitos que estarían vinculados al bullado caso Milicogate, en el documento se explica que el ascenso se decretó con anterioridad a que el Comando de Personal fuera informado de su situación.

La circunstancia que se reitera, como en el resto de los casos, es la falta de información o simplemente que no se alertó debidamente. Como lo detalla el siguiente párrafo del oficio: “Con fecha 12 de enero de 2017 el COP emite la resolución de ascenso. Mediante documento de fecha 13 de enero de 2017, el Jefe de Estado Mayor de la II División Motorizada informa del personal afectado por procesos judiciales indicando simplemente rol de la causa y el delito por el cual se instruye el proceso, sin hacer referencia a la calidad en que es parte del juicio, es decir, sin referir si se encuentra sometida a proceso o no. De lo indicado, resulta que en este caso, el COP también tomó conocimiento en forma posterior a su ascenso por lo que mal pudo saber si le afectaba la inhabilidad”.

Respecto a este último caso, se establece además que la sargento segundo, a la fecha, “se encuentra sometida a proceso por dos delitos, razón por la cual es posible concluir que fue ascendida encontrándose en una de las circunstancias previstas en el ‘Estatuto del Personal para las FAs’, por lo que en atención a que a la fecha de la resolución de ascenso y encontrándose dentro del plazo de dos años que prescribe el artículo que establece bases de los procesamientos administrativos, se iniciará el trámite de invalidación de dicha resolución, previa audiencia de la interesada”.

En cuanto al cuarto caso presuntamente irregular presentado por Harvey, el del coronel Rafael Villarroel Opazo -hermano de quien debió dejar la dirección de la Escuela Militar tras el polémico homenaje al condenado Miguel Krassnoff-, se aclaró que fue ascendido el 1 de diciembre de 2014, cuando ya se le había revocado el procesamiento. “El citado oficial jefe fue sometido a proceso por la Fiscalía Militar de Punta Arenas, con fecha 11 de noviembre de 2013, procesamiento que fue revocado por la Corte Marcial el 4 de febrero de 2014. Conforme a lo anterior, el ascenso se verificó sin ninguna inhabilidad existente a la fecha de su ascenso”, puntualizan.

La situación de Harvey
Rafael Harvey ha alegado en diferentes instancias respecto de una supuesta “discriminación” en su contra: según su versión, a él se le ha negado el ascenso y se le ha llamado a retiro acusándolo de sedición e incitar a otros a denunciar supuestos ilícitos al interior de la institución.

Ante esto, la versión del Ejército, contenida en el mismo informe donde se reconocen irregularidades, fue que el capitán “se encuentra procesado en calidad de autor por un delito que merece pena aflictiva, auto de procesamiento que se encuentra confirmado por la Corte Marcial”, situación que constituye “una expresa inhabilidad legal para ascender”, por lo que no habría tal discriminación.

Además, en el marco de la misma causa, pero a través de un oficio firmado por el coronel Manuel Concha Floody, comandante del Comando de Personal Subrogante, se agrega que Harvey fue incluido en la lista anual de retiro a propósito “de las anotaciones de mérito y desmérito que el recurrente tenía registradas en sus respectivas hojas de vida”. Esas consideraciones son las que lo habrían posicionado en Lista n°4 “Deficiente”.

Pese a esto, el mencionado funcionario indica, por medio del recurso, que su única falta sería un “supuesto delito de sedición” y por el cual estuvo en prisión preventiva 3 semanas y arriesga 7 años de presidio. Según él “se abrió la causa solo por instar a soldados conscriptos que habían presenciado ilícitos al interior de la institución a hablar”, por lo que las anotaciones, como expone, responderían a amedrentamientos de la institución por efectuar y motivar denuncias de hechos corruptos.

Con todo, el Ejército insiste: “El recurrente fue incluido en Lista Anual de Retiros en una procedimiento legítimamente incoado y en el cual, ha hecho hasta la fecha ejercicio de todas las instancias de impugnación y recursos que el ordenamiento jurídico aplicable pone a su disposición”.

El documento añade que “lo que pretende el recurrente con la acción deducida es agregar de manera artificial, a un proceso reglado, una instancia adicional de reclamación, efecto que se dijere anteriormente escapa de los fines perseguidos con la existencia de una acción cautelar como la ejercida”.

Consultados por La Tercera, desde el Ejército recalcaron que “sobre ascensos de funcionarios procesados por fraude al fisco, se puede informar que al momento de efectuar la tramitación de aquellos ascensos, no existía información disponible en el organismo institucional a cargo de este procedimiento, respecto a la situación procesal de estas personas, lo que se encuentra claramente señalado en el informe evacuado a la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago”.