Los senadores de oposición concretaron la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick por 23 votos contra 18. 

La revisión del libelo en el Senado había comenzado el martes, con la exposición de los diputados que formalizaron la acusación -Gabriel Boric (CS), Gabriel Silber (DC) y Marcos Ilabaca (PS)- y del abogado de Chadwick, Luis Hermosilla.

Fueron jornadas de sucesivas reuniones, lobby y hasta algunas lágrimas en los pasillos y el hemiciclo del Senado. “Nunca me imaginé que mi última intervención en esta sala sería por una acusación constitucional en mi contra (…) Me causa un profundo dolor”, dijo el ex ministro.  “Personalmente, y con profunda convicción, quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en esta acusación”, fueron algunas de las palabras que Chadwick emitió el martes, rompiendo el silencio que prácticamente había mantenido desde el 28 de octubre, cuando dejó el gobierno en medio del estallido social y convertido en uno de los rostros del malestar ciudadano.

Fueron dos días marcados también por apoyo explícito y gestiones del gobierno a su favor. Durante la tarde, una serie de ministros, subsecretarios y funcionarios de gobierno atiborraron las  redes sociales con el hashtag #EstoyconChadwick. Los ministros del comité político y otros secretarios de Estado, además, llegaron a Valparaíso para acompañar a quien ofició como ministro en tres oportunidades durante las administraciones de Piñera (dos veces en Interior y una como vocero), como cabeza de la fundación del Mandatario -Avanza Chile-, y como hombre fuerte del piñerismo.

De modo casi paralelo a la ofensiva en redes, y encabezados por el Subdere, Claudio Alvarado, las filas de gobierno intentaron durante la tarde una última estrategia a favor de Chadwick: evitar que se aprobara el capítulo que hace referencia a violaciones a los derechos humanos. El libelo de la oposición acusaba al exsecretario de Estado de “haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.” en medio del estallido social que se inició en Chile el pasado 18 de octubre, además de haber afectado derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia a los que concurrió con su firma.

Según consignó La Tercera PM, las gestiones apuntaron a anular el primer cargo y que se aprobara solo el segundo capítulo, relativo al momento de decretar el estado de emergencia. Las tratativas, a las que se sumaron parlamentarios de la UDI y RN, estuvieron dirigidas principalmente al PPD y la DC.