La exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reapareció este miércoles en una actividad pública y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Kast, al que acusó de impulsar una agenda que perjudica a las familias trabajadoras y representa retrocesos en materia de derechos sociales.

La exvocera de La Moneda participó en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, realizado en la sala Luis Gastón Lobos Barrientos de la sede de Santiago del Congreso Nacional.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y contó con la participación de Mónica Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México; Georgiana Braga-Orillard, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile; y Alejandra Sepúlveda, gerente del proyecto regional de IDEA Internacional.

También asistieron la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la exdiputada y exsenadora Marcela Sabat.

Tras integrar un panel sobre violencia digital hacia las mujeres en política, Vallejo abordó la contingencia nacional y apuntó directamente contra la administración de Kast.

“El problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha, la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consenso”, afirmó.

La exministra sostuvo que este tipo de gobiernos tiende a promover “expresiones muy autoritarias” y agendas que, a su juicio, buscan “volver atrás en derechos fundamentales, en los estados de bienestar y en reducir los presupuestos fiscales al máximo”.

Según Vallejo, estas políticas terminan afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. “Perjudican a las familias trabajadoras, a beneficio de las personas más pudientes, a las grandes empresas”, señaló.

Sus principales cuestionamientos se centraron en la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que calificó como “otra forma de castigo” para las familias trabajadoras.

“Ya vimos que se les subió la bencina a las familias trabajadoras, de ingresos bajos e ingresos medios. Las perjudicaron. Eliminaron o disminuyeron la frecuencia del transporte público. Están reduciendo las capacidades del Estado para llegar con servicios sociales a las familias”, acusó.