En esta jornada la Cámara de Diputadas y Diputados definió la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Mediante sorteo los elegidos para dirigir la instancia fueron: Tomás Hirsch (Acción Humanista), Héctor Ulloa (independiente-PPD), Juan Santana (Partido Socialista), Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional) y Gloria Naveillán (independiente-Partido Social Cristiano).
En este caso, la mayoría de los diputados son del Gobierno.
Cabe destacar que esta jornada se presentó el libelo contra Ávila que consta de siete capítulos, siendo uno de los más extensos en cuando a argumentos en contra de un secretario de Estado.
El libelo lleva la firma de 10 parlamentarios del Partido Social Cristiano (SOC), Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y el Partido de la Gente (PDG), todos de oposición.
El libelo contiene siete capítulos de infracciones a la Constitución, la mayor cantidad que haya enfrentando alguna vez un ministro de Educación.
Inicialmente, la acusación fue impulsada por una guía de educación sexual y de género que, según ellos, afecta al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Tras la presentación del documento oficial en el Congreso, Ávila dijo que prefiere "no creer que hay motivaciones distintas" a las relacionadas con su rol en la cartera, aludiendo a posibles críticas por su orientación sexual.
"No puedo referirme porque probablemente es parte de esto que ustedes señalan, que es un capítulo de la acusación. Ahora, me gustaría dejar en claro que eso es parte de una acusación, yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto de que si hay o no hay una irregularidad", puntualizó el titular de Educación.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado, que luego debe actuar como jurado.
El proceso contra Ávila cuenta con el respaldo de todas las bancadas opositoras, salvo de Evópoli, que al menos hasta ayer no había resuelto su postura.
Con todo, si todos los comités opositores e independientes de derecha actúan en conjunto llegarían a 70 votos (23 de la UDI, 23 de RN, cuatro de Evópoli, 12 de Repulicanos, siete independientes-socialcristianos, además de Gonzalo de la Carrera); y a 71 con la suma de la PDG Karen Medina, que firmó el libelo a título personal.
