La Corte Suprema expresó su descontento por el recorte presupuestario al Poder Judicial para el año 2025, tras una sesión extraordinaria en la que abogó por revertir o reducir los efectos negativos del ajuste aprobado entre el Ejecutivo y el Congreso. En un comunicado, el máximo tribunal detalló las áreas afectadas y advirtió sobre el impacto en la operación de los tribunales.

Áreas afectadas y riesgos operativos
El comunicado señaló que los recortes afectan partidas clave como Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, Bienes y Servicios de Consumo, y la Adquisición de Activos no Financieros. La Suprema destacó que las restricciones presupuestarias ponen en riesgo la continuidad operacional de los tribunales, especialmente en lo referido al presupuesto de suplencias, utilizado para cubrir ausencias por vacaciones o licencias médicas.

La institución advirtió que la medida aumentará las cargas de trabajo existentes, dificultando aún más el avance en los proyectos legislativos destinados a incrementar la dotación de funcionarios. En el corto y mediano plazo, proyectan que el déficit estructural de personal se mantendrá, agravando la capacidad de respuesta del Poder Judicial.

Impacto en seguridad y costos
El recorte en la Adquisición de Activos no Financieros afectará la seguridad informática de la institución y el acceso a la justicia. Asimismo, los costos operacionales, particularmente en electricidad, incrementarán el déficit presupuestario en Bienes y Servicios, estimado en 8 mil millones de pesos.

Vocera advierte sobre la falta de suplencias
La ministra vocera María Soledad Melo destacó que la disminución presupuestaria limitará la contratación de suplentes, lo que podría afectar gravemente la operación en la segunda mitad del año. “Solo cubriría el primer semestre de este año, pero ya en el segundo semestre no habría dinero para la suplencia que va a requerir el Poder Judicial”, señaló.

Además, Melo alertó sobre el posible aumento de licencias médicas debido a la sobrecarga laboral, lo que agravaría la falta de personal y afectaría directamente a los usuarios del sistema judicial. “Si nosotros nos vemos afectados con falta de jueces, de funcionarios, va a haber una mayor carga de trabajo. Pueden haber mayores licencias médicas, y no vamos a tener gente que supla porque no vamos a tener recursos”, explicó.

La ministra también criticó que el Poder Judicial enfrenta nuevas competencias dictadas por leyes recientes, pero sin el financiamiento necesario para contratar personal adicional, forzando a la institución a asumir estas responsabilidades con recursos insuficientes.