El juez Daniel Urrutia, en la foto, ha generado múltiples críticas luego de que el 25 de enero autorizara que cuatro reos, miembros del Tren de Aragua, accedieran al beneficio de realizar videollamadas a sus familiares desde su encierro. Esto, cuando los prisioneros residen en la cárcel de alta seguridad condenados por crímenes de extorsión, trata de personas, homicidios y secuestros. El Gobierno, calificó el hecho como “muy grave”.

El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, explicó que “toda la experiencia mundial dice que para la lucha contra el crimen organizado el aislamiento de sus líderes es determinante, por algo están destinados a recintos de alta seguridad”. Por eso, agregó el funcionario, es que “la resolución del juez del séptimo juzgado de garantía nos parece un hecho grave que no debería permitirse”.

Monsalve valoró la acción Gendarmería de Chile al generar dos recursos alertando sobre la medida, los cuales fueron rechazados por el séptimo juzgado. Luego, Gendarmería recurrió a la Corte de Apelaciones y el 2 de febrero, esta instancia decidió no innovar, es decir, le dio la razón a Gendarmería y se impidió que la medida se llevase a cabo

Cabe mencionar que, antes de que Gendarmería recurriera al tribunal de alzada para paralizar la decisión del juez Urrutia, la institución ya había intentado convencer al propio magistrado de revertir su resolución, recordando las amenazas de muerte emanadas desde el mismo penal hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero.

El 24 de enero, el abogado de Gendarmería, Sebastián Ramírez, expuso ante el tribunal que “lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S (la Cárcel de Alta Seguridad) pertenecen a Bandas Criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no sólo del resto de la población penal sino de la seguridad nacional”.

El abogado agregó que “es consabido que durante el mes de enero se han realizado una serie de acciones atentatorias a las inmediaciones del R.E.P.A.S. a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusive a amenazar de muerte al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y a la Jefatura de la referida Unidad Penal, encontrándose actualmente en trámite una querella interpuesta contra quienes resulten responsables, la cual se ventila ante vuestra magistratura, por lo cual este Servicio debe extremar y velar todas las medidas de seguridad que vayan en resguardo a que el régimen interno del penal no se vea afectado por decisiones y acciones que permitan vulnerar la seguridad e impida de esta forma dar cumplimiento al mandato legal de Gendarmería de Chile”.

Finalmente, Gendarmería expuso que la institución “no tiene ni la disponibilidad técnica, ni los recursos necesarios para realizar visitas a través de videollamadas con familiares o terceros, considerando, además, que dichas comunicaciones podrían afectar la seguridad del Establecimiento Penitenciario, o inclusive la Seguridad Nacional; considerando que el perfil de internos que mantiene el R.E.P.A.S. se encuentra en Bandas Criminales Transnacionales con gran poder de operatividad para la comisión de ilícitos y/o acto de narcoterrorismo; tal como ha ocurrido con células y bandas delictuales en la Región”.