Como imputado declaró el diputado que renunció hace tres meses a la UDI, Joaquín Lavín León ante el Ministerio Público por una causa de corrupción, citación a la cual acudió bajo invitación y de forma voluntaria debido a su fuero parlamentario. La petición de desafuero de Lavín por parte de la Fiscalía, se realizará en los próximos días.

Los delitos que investiga la fiscalía oriente son fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible por servicios contratados por el parlamentario, los que nunca se prestaron.

Por ello, se indaga si las facturas presentadas al Congreso Nacional por parte del diputado Lavín respecto a estos servicios son ideológicamente falsas.

La diligencia fue confirmada asegurando que se concretó y el diputado respondió a las imputaciones del Ministerio Público respecto a los hechos que se le investigan, según consigna radio ADN.

La investigación contra Lavín León se originó como una arista derivada del proceso contra su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acusada de corrupción durante su gestión municipal.

Cabe recordar que en octubre de 2024 se realizó un allanamiento sin precedentes en la oficina de Lavín León en el Congreso y en su domicilio particular en Peñaflor, incautando dispositivos electrónicos y documentación. La Municipalidad de Maipú también presentó una querella en su contra por los presuntos delitos.

Facturas falsas y posible desafuero
Uno de los aspectos claves de la indagatoria son presuntas facturas falsas emitidas por servicios inexistentes relacionados con la Ley Cholito, que suman más de $15 millones. La Fiscalía está a la espera de un informe pericial contable que podría aumentar esta cifra.

Este informe resultará determinante, ya que permitiría a los persecutores solicitar el desafuero del parlamentario para eventualmente pedir su prisión preventiva.

En febrero, Lavín León devolvió $7 millones al Congreso por concepto de dichas facturas, aunque afirmó que las acusaciones “se aclararán en su oportunidad”.