El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado renunciado a la UDI, Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La justicia consideró que su libertad representa un peligro para el éxito de la investigación.

El exdiputado es hijo del tres veces candidato presidencial, exministro y exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín Infante (UDI). También es marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que también estuvo presa por los mismo delitos.

Tras analizar las pruebas, el juez Daniel Urrutia concluyó que el parlamentario no solo utilizó recursos públicos para fines personales, sino que diseñó y controló una estructura de financiamiento ilícito para beneficio propio y de su círculo familiar.

Uno de los puntos más críticos de la resolución apunta a la creación de la plataforma Social Task. Según el magistrado, Lavín León no era un "usuario" externo, sino el verdadero dueño y gestor del proyecto, utilizando al Congreso Nacional como su principal fuente de inversión.

El juez señaló que Lavín León fue el "impulsor, financista y controlador" del proyecto, ideando incluso el método para que el Estado pagara por su desarrollo.

El magistrado -sindicado por políticos de derecha y ultra derecha como "un reconocido activista de izquierda"- determinó la misma medida cautelar para el exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez.

Financiamiento vía Honorarios

Se detectó la contratación de un tercero (Vásquez Diéguez) con cargo al erario nacional por $17 millones para trabajar en esta plataforma privada.

El exdiputado actuó como "vendedor" del software, ofreciéndolo a otros parlamentarios y actores políticos.

El tribunal detalló cómo Lavín León desvió fondos públicos de manera sostenida bajo la glosa de "gastos operacionales" a través de la empresa Modo 74, por servicios que el juez calificó como "ajenos a la función parlamentaria".
Año
Monto Aproximado (Gastos Operacionales)
2019
$4,2 millones
2020
$14 millones
2021
$14 millones
2022
$17 millones
2023
$12 millones
2024
$12 millones
2025
$11 millones

En total, Lavín León concentró el 56% de la facturación histórica de Modo 74, lo que equivale a unos $106 millones de pesos de origen público invertidos en su propio proyecto.

Beneficio al círculo familiar: Cathy Barriga y Joaquín Lavín Infante

La resolución judicial fue tajante al vincular estos fondos con el entorno cercano del imputado. El juez Urrutia reveló que el 44% restante de la facturación de la empresa se dirigió mayoritariamente a militantes de la UDI a quienes el mismo Lavín León les "vendió" el servicio.

"Se suma que el 44% restante corresponde mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI... incluyendo a su cónyuge (Cathy Barriga) por $10 millones y su padre (Joaquín Lavín) por $3 millones, quienes rindieron dichas facturas ante el Servel", dictó el magistrado.

Facturas ideológicamente falsas

Además del entramado tecnológico, el juez validó la acusación de fraude al fisco mediante el proveedor MMG. El Ministerio Público presentó evidencia de facturas rendidas ante el Congreso por trabajos que nunca se realizaron, confirmando que los documentos eran ideológicamente falsos al no existir una contraprestación real.

Conclusión del Tribunal

Para el juez Daniel Urrutia, los antecedentes permiten establecer de forma provisoria que Lavín León utilizó una herramienta desarrollada con fondos públicos para la obtención y gestión de bases de datos electorales, incluso más allá de su distrito, con fines netamente de campaña política, lo que justifica su ingreso inmediato a un recinto penitenciario por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.