El director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel González Lemus, envió un oficio a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en el que defendió el cuestionado comunicado emitido por la facultad tras la “funa” a la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano), apuntando a  provocaciones previas por parte de su equipo.

Cabe recordar que la parlamentaria fue recibida entre abucheos e insultos durante una visita a la Facultad de Derecho. Tras el episodio, la unidad académica reconoció la existencia de “conductas inapropiadas o groseras” en la manifestación, aunque sostuvo que hubo provocaciones previas y una posterior tergiversación de los hechos.

“Gestos burlescos y desafiantes”

En su presentación ante la comisión, González profundizó esa postura y atribuyó directamente a integrantes del equipo de la diputada acciones destinadas a tensionar el ambiente. Según indicó, durante la actividad se habrían realizado “gestos burlescos y desafiantes” hacia estudiantes que protestaban, con el objetivo de “irritarlos” y provocar una reacción.

El director respaldó sus afirmaciones en un documento emitido por el Movimiento Alternativa para Chile, agrupación estudiantil afín al oficialismo, que si bien condenó la “funa”, también cuestionó la “actitud provocativa y violenta de asistentes externos a la universidad”.

Asimismo, González sostuvo que Rodríguez no era la invitada original del encuentro, sino que acudió en reemplazo del diputado Francisco Orrego y del consejero regional Felipe Serey, lo que —según afirmó— no fue informado oportunamente.

El oficio también plantea que la diputada no comunicó a la facultad las amenazas de muerte que habría recibido previamente, antecedentes que, de acuerdo con el documento, se conocieron por publicaciones de prensa el mismo día del evento.

A partir de estos elementos, el director advirtió que “se construyó una narrativa pública que no se condice con lo sucedido en la facultad”, la que —aseguró— fue impulsada desde redes sociales vinculadas a la parlamentaria.

Según la versión de la Escuela de Derecho, los registros audiovisuales difundidos corresponden al término de la actividad y ni siquiera muestran a la diputada. En base a ese material, añade el oficio, se habría instalado la idea de un escenario de “extrema violencia”, incluyendo supuestas agresiones físicas, escupitajos y una cancelación del evento que, según la institución, no se condicen con lo ocurrido.