El diputado Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, catalogó este sábado de innecesaria la polémica por la objeción de conciencia institucional luego del envío del nuevo protocolo por parte del Gobierno, afirmando que "se habría evitado la acusación constitucional contra el ministro de Salud si este reglamento se hubiera publicado un mes atrás."
"Todo esto se pudo haber evitado sin en vez de haberse precipitado a dictar un nuevo protocolo, hubiese simplemente respaldado lo que ya está establecido, que era muy claro: que el derecho de una mujer en el sistema público de salud es inalterable, por lo que ningún hospital podía negarse a establecer la interrupción del embarazo siendo una paciente del sector de salud público", afirmó el parlamentario en El Diario de Cooperativa.
"Esa controversia que se introdujo fue totalmente innecesaria e incluso se habría evitado la acusación constitucional contra el ministro de Salud si este reglamento, que conocimos ayer, se hubiera publicado un mes atrás", aseguró Castro.
Además, el parlamentario aseveró que "aquí se generó una polémica creada por el propio Gobierno donde se pretendió dar una señal de anuencia a las clínicas manteniéndoles una fuente de financiamiento pero a costa de disminuir un derecho garantizado por la ley".
"Este es un caso emblemático de cómo el hecho de precipitar una decisión política gatilló tal tormenta perfecta en conjunto con la ciudadanía, que simplemente paralizó en seis meses la aplicación plena y completa de la ley de interrupción del embarazo", añadió.
"La objeción de conciencia es una excepcionalidad, que se trata como una excepción que nunca puede estar por sobre el derecho a la interrupción del embarazo y que en ningún caso el Estado puede financiar clínicas privadas a partir de su negativa si se declaran objetoras de conciencia", concluyó.
Preocupación por reacción de Chile Vamos
Además, el diputado socialista afirmó sentirse preocupado por los dichos de algunos sectores de Chile Vamos, que aseguraron que irían al Tribunal Constitucional para que revise el nuevo protocolo.
"Es bastante raro que un partido de gobierno se vaya contra el Gobierno. Por esto no quiero ni pensar que pudiese haber un acuerdo para que este reglamento se vaya al TC para que sea éste el que pueda poner trabas nuevamente al protocolo", dijo.
"Me parece curioso que las voces que han surgido de la UDI ya insinúan que ellos vayan al TC en contra del reglamento del Gobierno. Eso no cuadra en ninguna lógica de racionalidad que no sea buscar en el TC lo que el Gobierno intentó hacer", agregó.
"Ahora, un partido de Chile Vamos podría buscar la alternativa allá, donde hay una votación de mayoría que podría favorecer a los sectores más conservadores, que se resisten a que la objeción de conciencia sea una excepción y no una regla", manifestó el diputado.
"Yo quisiera que el Gobierno dijera fuere y claro que la posición de este reglamento es la posición que no va a ser cuestionada por algún partido de Chile Vamos, de modo de despejar toda duda de que se prorrogue una polémica que ha sido tan dolorosa y compleja para la aplicación de la ley más emblemática de la presidenta Bachelet", añadió.