Este fin de semana fue la primera movilización psrs recordar la urgencia de modificar el sistema de AFP y de lo precario de las pensiones de la inmensa mayoría de los jubilados.
Miles de personas marcharon en Santiago pidiendo un cambio para no seguir generando pobreza en miles de chilenos. Pero, como corolario de esta movilización, nuevamente surgió la información que hace público los montos de las pensiones de los condenados por atropellos a los derechos humanos durante la dictadura, encarcelados en el penal de Punta Peuco.
Promedio: $ 1.618.459
Fue la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) la que hizo un catastro de personas que pertenecen a las tres ramas de las FF.AA., que actualmente tienen pensiones de parte de esta institución.
El resultado: 95 generales en retiro y exoficiales condenados por causas de violaciones de derechos humanos reciben mensualmente, en promedio, $ 1.618.459.
Quien lidera la nómina es el exfiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de $ 3.254.85. La fecha en que se empezó a entregar la pensión fue el 11 de noviembre de 1999.
El coronel (R) del Ejército cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos, exquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), ocurrido en 1991.
Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine). Recibe $ 2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997. También fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día por autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.
En tanto, Miguel Krassnoff Martchenko, exbrigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, también obtiene una de las jubilaciones más altas de la nómina: $ 2.489.658 desde 1999.
El exsubdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes $ 2.143.977 desde 1991 y el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, cuenta con una pensión de $ 716.442, monto que más que triplica el promedio de los pensionados chilenos.
Otro de los condenados emblemáticos es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de $ 1.019.730.
¿Chile cambia o todo sigue igual?
Considerando las demandas sociales y la cada vez más creciente crítica que se articula contra el sistema de AFP, resulta conveniente revisar la existencia ese tipo de pensiones para los jubilados condenados por delitos de lesa humanidad.
Conversamos con Ricardo Hormazábal, exparlamentario y uno de los principales detractores del actual sistema de pensiones, quien se muestra distante de la problemática porque “un cambio en estas pensiones no solucionaría el problema principal que tenemos todos los chilenos que nos hemos pensionado o que nos pensionaremos en el futuro”, explica.
“Si se mira desde un ámbito netamente de principios, no se permite que las pensiones de los condenados tengan alguna sanción. Aunque, lo que sí se debe hacer, es fiscalizar para que no existan irregularidades en los montos de las pensiones, tal como se esta haciendo en Carabineros”, añade Hormazábal.
Sin embargo, deja claro que su mirada sobre el problema va mucho más allá de “cualquier revisión que se quiera dar a esta situación, porque personalmente veo que el principal problema que tenemos es solucionar la realidad de miles de chilenos que están recibiendo jubilaciones miserables”, afirmó.
Para el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto, “el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”, analiza el abogado.
Respecto de la opción de retirar estas pensiones, el abogado señaló no estar de acuerdo con eso, pues “significa castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos”, completa.
El abogado Cristián Cruz, parte de varios casos relacionados con violaciones de derechos humanos, analizó la situación de aquellos que privados de libertad reciben pensiones millonarias indicando que “la Constitución fue redactada de tal manera que es imposible quitarles los derechos previsionales”, dijo.
Para el profesional esta situación continua porque “no ha existido voluntad política para que esto no siga ocurriendo. No solo son los violadores de derechos humanos, porque actualmente vemos que Carabineros disponen de más de una pensión mientras continúan trabajando activamente en el sector privado. Mientras algunos salen a las calles pidiendo no más AFP, aquellos que reprimen son los que se están llevando la parte grande de la torta”, comentó.
“Yo personalmente no responsabilizo a Álvaro Corbalán por esta situación o a los demás del sistema previsional, sino que apunto contra las altas autoridades de las Fuerzas Armadas, quienes se han preocupado de que esto no se modifique, y a las autoridades civiles quienes insisten en mantener este sistema”, finalizó.
En tanto, una de las personas que ha salido en defensa de este tipo de situaciones es el abogado que representa los reos en Punta Peuco, Raúl Meza, quien sostuvo que estas jubilaciones eran “es un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos”, aseguró.
El acceso a estos montos se produjo cuando “cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley, como cualquier ciudadano tienen el derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos”, amplió.
