Por María Cristina Prudant

Como relevante y algo inédito ha sido calificada la decisión de la Cámara de Diputados de actuar en el tema de los despidos masivos de trabajadores del sector público.

Desde que empezó la instalación del gobierno de Piñera los dirigentes gremiales de la ANEF ha dado cuenta de las desvinculaciones en distintas instancias hasta que finalmente se ha llegado a una decisión importante: pedirle directamente al Presidente de la República toda la información de cuantos funcionarios del Estado han sido despedidos de sus trabajos y cuantos son los nuevos contratados porque se supone que hay un recorte del gasto fiscal. Pero esto no se está notando en todos los sectores y se han recortado recursos en importantes proyectos sociales y organismos que sí necesitan más recursos como el caso del Sename, al que se le redujo sus recursos.

Los diputados se basan en el artículo 52 de la Constitución para hacer la petición al mandatario y que señala que debe ser apoyado por la mayoría de los diputados, y en esta oportunidad fue aprobado por 76 votos de la oposición y 30 en contra.

Facultad de la Cámara

El diputado del PS Manuel Monsalve puntualizó que “en virtud de todo esto lo que nosotros hemos hecho, para hacer afirmaciones serias, con fundamento, hemos ocupado una facultad que le entrega  a la Cámara de Diputados la Constitución que le permite pedir directamente, al Presidente de la República información. Y lo que hemos hecho es pedirla detallada, desagregada, por ministerio, por subsecretaría, servicio de salud y por región de estos tres primeros meses en términos de fin de contrato, con las resoluciones que establecen el término, actos administrativos que lo acompañan y también con las contrataciones”, explicó.

En cuanto a despidos, el parlamentario contó que se ha desvinculado a trabajadores que llevan por sobre los 15 años de trabajo en la administración pública y que está el caso de un funcionario que le faltaban 10 meses para jubilarse.

Monsalve dijo que el gobierno tiene tres meses para mandarles la información y cuando llegue "nos sentaremos a verificar esta impresión de que hay despidos masivos y contrataciones masivas y no se están cumpliendo las normas legales. Veremos si la información que nos entregan nos permite verificar esa acusación”.

Respecto a las acciones que podrían tomar tras las respuestas el diputado señaló que “no descarto ninguna de las herramientas con que cuenta el Parlamento si es que esto llegara a verificarse. Estamos hablando desde citar a los ministros a las sesiones especiales que puede convocar la Cámara, la interpelación e incluso si hay ruptura sistemática, permanente y deliberada de incumplir la ley yo no descarto que lleguemos incluso a la acusación constitucional. Pero cualquier herramienta que utilicemos lo queremos hacer de manera seria y fundada y para eso hemos pedido como corresponde la información detallada”.

En cuanto a la percepción que tiene de esta situación expresó: “por lo que yo conozco y por lo que sé de mi territorio en que ha habido despidos en la Gobernación, en servicios de salud y otras reparticiones públicas y conozco casos de personas que llevaban trabajando más de 15 años y que las causales de despido no corresponden a las normas legales vigentes. A mí me parece que se están usando subterfugios como el no cumplimiento de los perfiles, cuestión que no existe. A mi me da la impresión que la información nos va a entregar fundamentos que se está rompiendo la norma jurídica y se está debilitando  la función pública. Pero no me anticipo”.

Relevante e inédito

Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Trabajadores Fiscales, ANEF, consideró relevante la acción del Parlamento en torno a los despidos de trabajadores del aparato público.

“Para nosotros esto es importante en dos dimensiones. La primera es que es una importante definición de la Cámara de Diputados, particularmente del conjunto de las bancadas de oposición que se coordinaron al requerimiento, en función de gatillar un mecanismo constitucional, que ha sido ocupado muy pocas veces, y que es una capacidad que tiene la Cámara de requerir al Presidente de la República información respecto de las definiciones del Ejecutivo. Por tanto, a diferencia de los mecanismos habituales de fiscalización que los diputados  de la Cámara ejerzan, este es un mecanismo que tiene plazo, una obligatoriedad de respuesta de la primera autoridad de la República”.

“Va a permitir que sobre la base de una respuesta, que tiene un plazo máximo de 30 días, de tener una información clara respecto de lo que hemos venido denunciándolo y que ha sido negado por la mayoría de las autoridades de gobierno en cuanto a que han cursado una cantidad excesiva de despidos  de la administración”.

El dirigente gremial agregó que “además no es solo un requerimiento de datos generales sino que requiere los instrumentos administrativos a través de los cuales se realizaron y fundaron estos despidos, vamos a tener la capacidad de tener a la vista efectivamente lo que nosotros hemos dicho que aquí se está actuando con absoluta arbitrariedad de parte de las distintas autoridades del gobierno y que va a permitir visualizar las contrataciones que se están haciendo en reemplazo y contractar”.

En segundo lugar, Insunza se refirió en términos generales: “a nosotros nos parece que es una muy buena señal de los diputados  que se haya votado en la Cámara una asistencia tan importante con 76 votos en sala a favor, que no es habitual. La oposición debe jugar su rol además en requerimientos, conflictos concretos que están teniendo lugar. En este caso, la Anef que es un buen precedente para el conjunto del movimiento sindical y social”.

Por último, el presidente de la Anef, planteó que le parece que “hay una comprensión en el Parlamento, que muchos parlamentarios han ido relevando desde hace un tiempo respecto de cómo la instalación del gobierno está generando impacto y afectación de los derechos laborales de los trabajadores  del Estado y también de cumplir función pública. Creemos que desde todos los puntos de vista que lo que está haciendo la Cámara es muy relevante en términos de la actuación en estas cuestiones”.      

 El diputado Ricardo Celis jefe de bancada PPD, comentó sobre el tema que “esta es una señal contundente de la oposición al indicar que se debe respetar a los funcionarios públicos y no estar sacando gente para contratar operadores políticos”.