Todo comenzó después de que el Gobierno determinara retirar la Ley Antiterrorista de las querellas que existen contra los cuatro comuneros mapuche que llevaban 115 días en huelga de hambre.

 

Después de eso se presentó una escalada de acusaciones y comentarios que, aprovechando el momento, criticaban el accionar del Gobierno y denunciaban “debilidad” y “negociación con terroristas”.

 

Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, fue quien encarnó las principales quejas. El abanderado de Chile Vamos disparó contra el Ejecutivo al señalar que da “una nueva señal de debilidad y ambigüedad en la lucha contra el terrorismo”.

 

“La huelga de hambre no es método legítimo para cambiar las decisiones de la justicia. Si está en peligro la vida de los comuneros, hay que hacer lo que hacíamos nosotros en nuestro gobierno: presentar un recurso de protección y lograr que esas personas sean alimentadas con o contra su voluntad”, agregó.

 

Piñera afirmó que la decisión del Ejecutivo es un mensaje para “todos los terroristas y delincuentes de Chile: si quieren doblarle la mano al gobierno, hagan una huelga de hambre”.

 

 

Sin embargo, Sebastián Piñera “olvidó” que durante su mandato se vivió una situación similar con 38 comuneros querellados por Ley Antiterrorista que iniciaron una huelga de hambre en julio de 2010 y que se extendió por más de 80 días.

 

Esto obligó a la concreción de una mesa de diálogo en el cerro Ñielol entre el Gobierno, representado por el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, y familiares de los involucrados, además de organizaciones civiles y de diversas iglesias.

 

 

Así, se llegó a un acuerdo luego de que La Moneda recalificara las querellas por Ley Antiterrorista y los comuneros depusieron la acción de huelga.

 

Frente a esto, declaró a la prensa que “este es un triunfo para la sociedad chilena. Triunfó la vida, triunfó la unidad de los chilenos, triunfó el futuro de Chile”.

 

 

El primer golpe recibido por Piñera vino de parte de la vocera de gobierno, quien primero afirmó que los dichos del candidato presidencial eran “desconcertantes” y lo acusó de “desinformar” a la ciudadanía y “no hacerse cargo de lo que ocurrió en su propio gobierno, cuando tuvo que actuar de manera muy similar”.

 

Paula Narváez acusó al exmandatario de aprovechamiento político y le pidió coherencia. “La única manera en que uno podría explicarse estos dichos tan desconcertantes es que los esté usando para conseguir votos”, manifestó.

 

Para el diputado Leonardo Soto las criticas de Sebastián Piñera reflejan un aspecto lamentable del candidato: “Ha llegado a niveles de una bajeza en extremo simplista. Esperaríamos que tuviera una mirada de mediano largo plazo y que antepusiera los intereses del país a los de una campaña presidencial”, comentó el parlamentario del Partido Socialista.

 

“Esperaríamos que sus análisis políticos no demostraran una pequeñez que cada vez se supera más. No tiene coherencia al considerar que él el año 2010 hizo lo mismo que hoy se encuentra criticando”, le reclama Leonardo Soto.

 

Para el parlamentario la mirada del candidato de Chile Vamos es sesgada, claramente con una intención política y se vuelve “un símbolo de la pequeñez con que el expresidente se encuentra cuestionado al Gobierno. Evidencia una mirada reducida y estrecha de la derecha en general y de su candidato en particular”, finaliza Soto.

 

Para el analista político Patricio Gajardo la situación tiene una intencionalidad, como todo en política, pues “en temas relacionados con campañas políticas todos los elementos que puedan servir serán utilizados”.

 

“No tiene mayor relevancia aquello que haya sucedido siete años atrás, pues el hoy es lo relevante y Sebastián Piñera lo sabe. Poner una idea política en los medios y en la ciudadanía es lo que prevalece, no la respuesta, por más fuerte que esta pueda llegar a ser”, asegura el analista.

 

Al referirse a la situación de los huelguistas, Gajardo tiene claro que el diálogo es lo elemental y que todo lo que pueda decirse sobre las determinaciones de un Gobierno “van el sentido de su sola utilidad política, porque para muy pocos la vida de los comuneros ha importado. Son terrorista antes que personas”, concluye.