Tres funcionarios de la Municipalidad de Vitacura -liderada por Camila Merino (Evópoli)- fueron desvinculados en el marco del caso Torrealba. Esto, luego del sumario que inició la entidad comunal, y que posteriormente continuó la Contraloría, organismo que propuso aplicar medidas sancionatorias contra los involucrados.

En concreto, se trata de Antonia Larraín Prieto, directora de Desarrollo Comunitario (S), José Bucarey Sepúlveda, Director de Administración y Finanzas, y Gustavo Bravo, funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas del Municipalidad de Vitacura, quienes fueron destituidos de sus cargos municipales.

En concreto, según fuentes ligadas al caso, el plazo del sumario administrativo culminó tiempo atrás y la determinación se llevó a cabo dentro de los tiempos establecidos por el organismo fiscalizador.

Desde la Municipalidad de Vitacura declinaron referirse, ya que el proceso "aún está en estado reservado, dado que está en etapa recursiva".

El ex alcalde Raúl Torrealba se encuentra formalizado por delitos de corrupción y el Ministerio Público le imputa los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Según publicó Radio ADN en su momento, los nombres de los destituidos aparecen en un sumario de Contraloría, donde se propuso la destitución de Larraín. El escrutinio también cuestionó al resto de los desvinculados.

"En su calidad de Directora de Administración y Finanzas (S), de la Municipalidad de Vitacura, haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al haber otorgado una subvención a la organización deportiva 'Consejo Local de Deportes', a través de la firma del decreto alcaldicio sección 1° N° 3/1073, de fecha 11 de junio de 2020, sin contar con atribuciones para ello".

Eso es parte de que se lee en el documento. En cualquier caso, la mencionada sanción corre por un carril paralelo a la investigación penal que se lleva adelante.