En el debate presupuestario, la derecha ha insistido en hacer rebajar del presupuesto. El Ministro de Hacienda accedió a rebajar US$ 600 millones en los subtítulos 21 y 22 y el mundo democrático progresista ha insistido que la urgencia social es resolver las crisis de financiamiento hospitalarias y de los SLEPS que presentan agudos problemas para llegar a fin de año.

 Hace ya más de 10 años que vivimos un estancamiento económico que repercute ya en lo social -mala educación- y en lo económico -excesivo incremento de empleos informales- y que debemos empezar a revertir.

En educación el país gasta más del 6% del PIB que lo ubica en la parte de arriba del ranking de la OCDE, pero la calidad educativa se e stá en los niveles inferiores. Es urgente hacer cargo de los problemas que subsisten en los SLEPS como es iniciar un proceso de conservación de la infraestructura escolar, impulsar un mejoramiento cualitativo de la educación pública, resolver los notorios déficits que denuncian los nuevos SLEPS que señalan que presupuesto 2025 no alcanza a cubrir el gasto anual y que “en septiembre se les acaba la plata”.

Tampoco en  el presupuesto hay un Plan de Recuperación de Liceos Emblemáticos que acordamos el año pasado en un Protocolo que permitió despachar presupuesto 2024. La situación de violencia de grupos minoritarios en los colegios públicos como el INBA, el Instituto Nacional, el Lastarria y otros que hemos conocido, que afectan y dañan a sus comunidades educativas deben terminarse.

No aceptemos que la violencia de las bombas molotovs, de los ciber bullyng, contra los profesores se instale en nuestros colegios; debemos combatir eso; pero ello requiere un Plan de apoyo e intervención que se financie con este presupuesto.

Transversalmente nos hemos reunido con representantes de los profesores de los Liceos Emblemáticos, nos hablaron del “abandono” en que se sienten y nos comprometimos a trabajar por ese Plan de Apoyo.

También escuchamos la justa demanda de las asistentes de la educación que han sido traspasado a los SLEPS y NO se cumple la ley de pagarle la bonificación de zona.

Ellos son funcionarios públicos y debe concordarse un camino para que se respete ese derecho a los 80.000 asistentes de la educación que están y serán traspasados a los SLEPS.

En JUNAEB se requieren cambios que aseguren que “útiles escolares” lleguen en marzo a los colegios y que se acojan los cambios a las bases de licitación que solicitan las trabajadoras de las empresas de alimentación.

En Educación Superior los reclamos transversales de las universidades del G9 y de las universidades estatales sobre los porcentajes a disponer de los excedentes del Fondo Solidario y otras materias que impulsen su aporte en la promoción de innovaciones productivas que dinamicen la economía regional.

También debe resolverse la crisis de financiamiento de los hospitales públicos de Atacama, de la Región Metropolitana, en la región de Valparaíso.

Este grito es transversal porque los hospitales no pueden funcionar en plenitud atendiendo a los pacientes por esta crisis de financiamiento. También se requiere garantizar la seguridad de los funcionarios y profesionales de los CESFAM que están localizados en territorios de alta presencia de bandas de narcos y del crimen organizado. Es una responsabilidad del sistema de seguridad y de los organismos policiales dar las garantías básicas a la gente que trabaja en los CESFAM.

Insistimos no es suficiente rebajar, se requieren reingeniería de los presupuestos de salud y educación para que avancemos en dar mejor calidad de vida a las mayorías sociales.