Nuevos antecedentes se revelaron y que vincula al exprincipal asesor presidencial, Miguel Crispi (Frente Amplio), con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. 

El origen de esta nueva arista judicial nace a partir de una conversación privada entre Crispi y su madre, la exministra del Trabajo Claudia Serrano, captada mediante interceptaciones telefónicas autorizadas en el marco de la investigación por el caso Convenios y ProCultura.

Según información obtenida tanto por 24 Horas de TVN y La Tercera, la fiscalía detectó una alerta al escuchar una llamada entre Crispi y Serrano en la que ambos conversan, de forma crítica, sobre la polémica operación de compraventa de la residencia del expresidente Allende, la cual no se concretó.

En esa conversación, Crispi habría emitido duras declaraciones contra miembros de la familia Allende, cuestionando su capacidad de gestión y sugiriendo que la iniciativa de la venta fue impulsada directamente por la exsenadora socialista Isabel Allende.

"Llamó hasta el portero del ministerio hueveando... tiene mucha responsabilidad", dijo Crispi, según consta en un documento de la policía entregada a la fiscalía.
También habría apuntado a la exministra de Defensa, Maya Fernández, calificando a la familia como "totalmente incompetente".

Estos antecedentes llevaron al Ministerio Público a solicitar al Juzgado de Garantía de Santiago una serie de medidas intrusivas, entre ellas el allanamiento sin previo aviso de domicilios y oficinas de autoridades y exautoridades, como la propia Isabel Allende, el Ministerio de Defensa, La Moneda y el Congreso Nacional, con el fin de incautar teléfonos, computadores y otros documentos.

Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud, argumentando que los antecedentes aportados eran insuficientes para justificar una intervención de tal magnitud. En su resolución, el tribunal advirtió que la petición del Ministerio Público constituía “una clara representación del derecho penal de autor, repudiado por el derecho penal moderno”.

La defensa de Miguel Crispi

La defensa de Miguel Crispi también se pronunció ante la revelación de esta información. Su abogado declaró que su representado fue interceptado en el marco de otra causa y que la conversación registrada con su madre fue privada y familiar, sacada de contexto, y que de ningún modo implica acusaciones formales o delitos.

"En esta conversación, de ninguna forma atribuye presiones indebidas ni un delito a la exsenadora. De manera informal y coloquial, lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad", expresó.