Foto.- Sebastián Piñera cuando era senador, aparece con la ex  sendora Evelyn Matthei.

Luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema acogiera recursos de amparo y determinara la libertad condicional a siete reos condenados por violaciones a los derechos humanos, la oposición anunció una acusación constitucional contra los ministros que integran la instancia y para la cual ya cuenta con los votos.

Se trata de Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, quienes pertenecen a la Sala Penal del máximo tribunal a quienes acusan de "notable abandono de deberes" por el fallo que también cuestionaron agrupaciones de familiares víctimas del régimen militar.

A raíz de este hecho, el jefe de la bancada PS, Manuel Monsalve, señalaba el pasado martes que "nos parece una política de impunidad que va en contra de sus obligaciones constitucionales".

En este contexto, Emol recopiló información sobre las acusaciones constitucionales desde el retorno a la democracia contra ministros de la Corte Suprema, de las cuales solo una fue aprobada, provocando la salida del juez Hernán Cereceda Bravo.

Destituido durante el gobierno de Patricio Aylwin, en 1992, a raíz de una acción presentada por diputados de la entonces Concertación fue destituido el magistrado Hernán Cereceda Bravo por abandono de deberes en juicios de derechos humanos.

Esta es la causa que establece el ordenamiento jurídico para impulsar la salida de un supremo. La acusación también estaba dirigida contra Leonel Beraud, Germán Valenzuela Erazo y el auditor general de Ejército Fernando Torres Silva por el caso de la detención y desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau.

El magistrado fue sindicado como responsable de "una evidente denegación de justicia", según dice la acusación que puede verse en la Biblioteca del Congreso Nacional, pues cuando la entonces ministra Gloria Olivares comenzó a reunir antecedentes que daban cuenta del caso "la privaron de su competencia".

"Los magistrados acusados se han apresurado a reconocer esta nueva 'verdad', absolutamente distinta de la anterior (que había fallecido en un ajuste de cuentas entre opositores al régimen), y en virtud de ella han privado a la ministro señora Olivares de su competencia, provocando una nueva denegación de justicia", se lee en el texto.

"Es este 'doble standart' para el juzgamiento de los hechos el que mejor prueba y fundamenta el 'notable abandono de sus deberes' de los magistrados señores Cereceda, Beraud, Valenzuela y Torres".

Sin embargo, fue solo el primero de estos magistrados el que fue sancionado con la salida del cargo. ¿Por qué? Es lo que explica a Emol el presidente de la Cámara de diputados de la época, José Antonio Viera-Gallo (1990-1993, luego renunció), quien dirigió la votación en la Corporación y explicó qué ocurrió en el Senado, donde el hoy Presidente Sebastián Piñera también jugó un rol.

"Ahí hubo una acusación constitucional por lo que se consideraba un mal comportamiento de tres jueces, y se aprobó solamente la acusación contra el ministro Cereceda en el Senado, y fue con los votos del entonces senador Sebastián Piñera y de un senador que siempre estaba con él, Ignacio Pérez Walker", recuerda.

Sobre por qué sólo se aprobó contra Cereceda, expresó: "Lo que pasa es que cuando se discutió en la Cámara de Diputados, el entonces diputado Jaime Campos, que después fue ministro de Michelle Bachelet en el último gobierno, acusó al juez de corrupción, y dio una serie de argumentos en orden a que era corrupto".

"Entonces ese fue el argumento que pesó para que en el Senado al final no sólo votara la Concertación, sino que diera la mayoría Sebastián Piñera e Ignacio Pérez Walker", rememoró.

El documento final que dictaminó la salida de Cereceda del Poder Judicial dice en uno de sus párrafos: "Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años".

Por caso Carmelo Soria

Entre 1994 y 2000, gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se impulsaron tres acusaciones. La primera en 1996, también por parlamentarios de la entonces Concertación hacia cuatro magistrados del máximo tribunal: Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita, Guillermo Navas y Hernán Álvarez, acusados por una indebida aplicación de la Ley de Amnistía en 1978 por la muerte del ciudadano español Carmelo Soria. La decisión fue rechazada por la Cámara de Diputados con 74 votos en contra y 31 a favor.

La acusación fue comandada por el ex diputado UDI Carlos Bombal contra Servando Jordán, presidente en ese entonces de la Corte Suprema, a quien se le responsabilizó por facilitar la fuga de un involucrado en la "mayor internación de cocaína al país y por la intervención en otro proceso que afectaba a una inculpada de narcotráfico".

En este caso la acusación fue rechazada. En el mismo año, diez diputados del PS, del PPD y del PRSD acusaron a Servando Jordán, Marcos Aburto, Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez por dejar con libertad provisional a un narcotraficante.

La Cámara de Diputados nuevamente rechazó la atribución de culpa, con 49 votos.

Luis Correa Bulo

En el mandato de Ricardo Lagos se presentó una acusación constitucional por parte de diputados UDI y RN contra el ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo, a quien acusaron de "intromisión abierta, flagrante y reiterada en diversas causas seguidas ante los tribunales y otra serie de conductas reñidas con la ética judicial". ¿El resultado? Rechazada con 60 votos; 45 a favor.