El Servicio de Impuestos Internos (SII) excluyó a Marco Enríquez-Ominami de su acusación por delitos tributarios en el caso OAS y solo buscará condenar a su ex asesor, Cristián Warner.

Según informa El Mercurio, el SII acusó a Warner como representante legal de Cono Sur Research por facilitar dos facturas falsas, en los periodos comerciales de enero y febrero de 2013, a la sociedad Constructora OAS S.A. Agencia Chile por servicios que jamás se prestaron, por un monto total de $59.071.000.

Además, según el SII, Warner utilizó dichos documentos tributarios con el propósito de rebajar artificiosamente el Impuesto de Primera Categoría” del año tributario 2014, y “evadir el Impuesto Único” de la ley de renta.

En su acusación, el organismo pidió para Warner una pena de 541 días, una multa de 30 UTM (equivalente a unos $1,4 millones). Asimismo, el servicio presentó 49 testimonios, entre ellos el del publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti De Mendoça, quien declarará sobre las relaciones comerciales que tuvo con Warner. De ME-O, contra quien no se querelló en esta causa, nada dice.

Carlos Mora, defensor penal público y quien representa a Enríquez-Ominami, afirmó que “en el delito tributario nunca hubo querella contra ME-O, solo contra Warner. Entonces, el SII fue coherente con eso y presentó acusación solo contra Warner“. Señala que, al igual que ha ocurrido con casos como el de Pablo Longueira en SQM, por ejemplo, “esta arista no debiera prosperar”.

La determinación del SII contrasta, según destaca el diario, con la fiscal jefe de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien acusó a ME-O y Warner de delitos tributarios, además de acusar a Enríquez-Ominami de fraude al fisco.

Según la acusación fiscal, en enero y febrero de 2013, Cono Sur Research, empresa de Warner, emitió dos facturas por $11.798.000 y $42.273.000 a la filial chilena de la constructora brasileña OAS, pagadas por “la constructora OAS Chile, pese a no responder a servicio alguno, y esta empresa las registró en el Libro Diario y Libro Mayor, por lo que, en abril de 2014, declaró un menor impuesto a la renta con arreglo a ello”.

Para ME-O pidió una pena de cuatro años y una multa de 20 UTM (alrededor de $966 mil) por delitos tributarios, y cinco años y un día por fraude al fisco, más una sanción económica equivalente al 50% del perjuicio causado y la inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos u oficios públicos. Para Warner, cuatro años, también multa, y accesorias legales.

El Consejo de Defensa del Estado también presentó una acusación contra ME-O por fraude al fisco. Sin embargo, pide una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, diferente a la solicitado por la fiscal Chong.