El senador DC Iván Flores solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizar al Servicio Médico Legal (SML), acusando potenciales irregularidades que podrían conllevar serios riesgos sanitarios.

Según informó, en su oficio el parlamentario pidió que se revise el uso de recursos públicos, y lo que considera serias falencias en materia de seguridad.

La solicitud surge, según explicó el parlamentario, tras recibir múltiples antecedentes que alertan sobre “graves problemas en el almacenamiento de cuerpos, una evidente sobrecarga operativa —con un promedio superior a trece autopsias diarias— y una preocupante acumulación de cadáveres sin identificar o sin ser reclamados”.

Esta situación, agregó, habría derivado incluso en la utilización de containers para su almacenamiento, “en condiciones que vulneran normas sanitarias básicas y la dignidad humana”.

De acuerdo con la información recopilada, a diciembre de 2025 existirían 360 cuerpos no reclamados en el país, de los cuales 218 se encontrarían en el edificio de Avenida La Paz, en la Región Metropolitana.

“Estamos frente a una situación extremadamente compleja. Se requiere una investigación rigurosa, conocer los hechos con total claridad y, si corresponde, legislar con urgencia”, enfatizó el senador.

El oficio también advierte sobre serias deficiencias en las condiciones de conservación, incluyendo el uso de cámaras de tránsito sin temperaturas adecuadas para la preservación de cuerpos, lo que podría generar procesos de descomposición y riesgos sanitarios para los funcionarios.

En este contexto, precisó Flores, se han reportado denuncias de exposición a agentes biológicos e incluso contagios de enfermedades como la tuberculosis.

Asimismo, se identifican eventuales fallas en los procesos de identificación de cuerpos y en la coordinación con las policías, especialmente en el intercambio de información sobre personas no identificadas.

El senador Flores manifestó además su inquietud respecto de la consistencia de las cifras oficiales, señalando discrepancias entre los registros reportados y la realidad observada en terreno.

“Esto es especialmente grave desde la perspectiva del control del gasto público y la rendición de cuentas”, indicó, agregando que preocupa la aparente subutilización del nuevo edificio institucional, el cual estaría destinado mayoritariamente a funciones administrativas sin contribuir a resolver la crisis operativa.