La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS, presentarán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por eventuales delitos revelados en las conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, foto arriba, recién nombrado embajador de Chile en Israel por el gobierno de Kast.

Este es un nuevo y complejo flanco judicial sacude los recientes nombramientos diplomáticos del Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista (PS), presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos tributarios y de corrupción revelados en una serie de conversaciones que involucran de manera directa al abogado Gabriel Zaliasnik, recientemente designado como embajador de Chile en Israel por la administración de Kast.

Los antecedentes que fundan la acción legal de los parlamentarios fueron publicados originalmente por el medio de comunicación Reportea. De acuerdo a los antecedentes expuestos, las comunicaciones telefónicas delatan una serie de maniobras coordinadas entre Zaliasnik y el principal imputado de la causa general, el abogado Luis Hermosilla.

El catálogo de irregularidades: Gastos reservados, ENAP y espionaje

La denuncia que ingresará al sistema judicial detalla hechos de extrema gravedad que configuran una serie de ilícitos penales de carácter funcionario. Entre los delitos que los legisladores solicitan investigar con urgencia se encuentran la malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

La carpeta que revisarán los fiscales de la causa agrupa las siguientes conductas presuntamente delictivas:

En primer lugar, los antecedentes muestran una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el fin de financiar una defensa penal privada. Asimismo, se detectó la gestión de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a la vigencia de un contrato con la misma empresa estatal. Por otra parte, los chats evidencian una supuesta intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables ante los tribunales de alzada. Finalmente, el documento acusa pedidos de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, ejecutados de forma clandestina y sin contar con ninguna orden judicial.

“Esto daña la democracia”: La ofensiva de los legisladores querellantes

Tanto Cicardini como Manouchehri poseen una participación activa y permanente en los procesos judiciales asociados a los escándalos de corrupción de cuello y corbata. Ambos parlamentarios son querellantes activos en el Caso Hermosilla, y sus denuncias previas han contribuido de manera directa a abrir líneas de investigación complejas en esa causa madre, así como también en la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa.

“Las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían a su nuevo embajador en Israel apuntan a un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones en el Poder Judicial y espionaje político. Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones”, sentenció de forma categórica la senadora Daniella Cicardini al abordar los alcances de la presentación.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri descartó de plano que se intente bajar el perfil de las conversaciones catalogándolas como simples anécdotas o intercambios personales de redes sociales:

En primer lugar, el diputado afirmó que las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado de carácter profesional. Asimismo, el legislador argumentó que los textos revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político coordinado. Por otra parte, el parlamentario acusó que estas redes operaban para proteger a los suyos y perseguir de manera sistemática a sus adversarios de la plaza. Finalmente, Manouchehri aseveró que esto es demasiado grave para quedar en una simple explicación comunicacional, concluyendo con firmeza que el país merece conocer toda la verdad en este 2026.