El diputado Eric Aedo (DC) rechazó la solicitud de inhabilidad que hizo la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en contra de 62 diputados que la acusan constitucionalmente.

En uno de los argumentos del escrito, se justifica “ausencia de imparcialidad” en los legisladores, quienes durante este periodo han emitido opiniones respecto al actuar de la jueza.

Frente a dicha acusación, el segundo vicepresidente de la corporación señaló en entrevista con CNN Radio que la acción de la defensa de la ministra es parte del “derecho a pataleo” consagrado en la Constitución.

“Me parece que el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución de Chile. Así que me parece que es parte de su derecho a pataleo. Pero dicho eso, lo segundo que quiero decir es que me llama muchísimo la atención esta petición de inhabilitar a 62 diputadas y diputados, porque en realidad lo que la Cámara de Diputadas y Diputados hace es simplemente ver la admisibilidad de las acusaciones constitucionales”, explicó el parlamentario.

El congresista comentó que la solicitud de la defensa de Vivanco apunta a “alguien que va a tomar una decisión más bien como jurado, y eso compete al Senado en el caso nuestro. Por tanto, me parece bien fuera de lugar esta petición de inhabilidad”.

“Y lo tercero, en la misma línea, es que la República de Chile establece que la Cámara de Diputadas y Diputados es la Cámara política. O sea, lo que se hace en la Cámara de Diputadas y Diputados es hablar de política y emitir juicios políticos y hacer reflexiones políticas”, agregó.

“En ese sentido, nada de lo que hemos dicho es un atentado en contra de los derechos de ninguno de los ministros de la Corte Suprema. Hemos expresado nuestra opinión. De hecho, la facultad que nos entrega la propia Constitución y la ley es que podemos acusar a los ministros de la Corte Suprema”, dijo el legislador de la Democracia Cristiana.

“Los diputados somos los únicos que estamos llamados a acusar a los ministros de la Corte Suprema. No lo puede hacer el Senado ni otros espacios del propio Estado. Constitucionalmente, me refiero, porque claro, si un ministro de la Suprema comete delitos, obviamente que tiene que actuar la Fiscalía, que es el caso de lo que está sucediendo con la ministra Vivanco”, dijo.

“Yo tengo el deber de acusarla constitucionalmente, porque siento que ha faltado gravemente a la probidad”, finalizó el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados.