Foto: Dos niños muertos este martes en un hospital en Gaza por el ejército de Israel. De los 53 mil asesinados por los israelíes, más de 25 mil son niños y bebés

Por Huffpost

¿Es que nadie va a hacer nada para parar la guerra de Gaza? Es una pregunta recurrente desde que Israel inició su ofensiva contra la franja palestina, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Pasaron días, semanas, meses, y fue quedando claro que si los ataques islamistas no habían tenido parangón en la historia israelí (1.200 muertos, 250 secuestrados), tampoco iba a a haber hemeroteca en la que encontrar una operación militar de réplica tan sangrienta contra los palestinos. Aún así, era inimaginable llegar a los 53.000 asesinados de hoy. Y ahí están, sin contar los que yacen entre los escombros. 

Los bombardeos, con sus muertos, sus mutilados, sus desplazados, sus cooperantes atacados, sus hospitales y escuelas destrozados, su hambre por el bloqueo de la ayuda humanitaria, no sólo siguen sino que se han redoblado en las dos últimas semanas y este lunes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyuahu, confirmó que sus soldados tomarán el control de toda Gaza. Viene "un ataque sin precedentes", mientras que Hamás sigue vivo, los rehenes no han regresado a casa y se profundizan las violaciones de derechos humanos, de los ataques a civiles al desplazamiento forzoso de población. 

Ante este recrudecimiento de los ataques, hoy, por primera vez, el inmovilismo occidental se ha alterado con los primeros gestos serios de presión a Israel en 17 meses largos de contienda. Han venido de potencias mundiales y de la Unión Europea (UE). El llamado Sur Global ya había dado pasos así, pero sin eco mediático. Ahora actúan los que siempre se han negado. A esta hora, no han arrancado un armisticio, obvio, pero sí han causado un terremoto diplomático y preocupación en el Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu. La coerción puede cambiar las cosas, que es lo que llevan pidiendo todos estos meses organismos de derechos humanos, ONG, partidos de izquierda y hasta la ONU.

El primer aldabonazo ha sido de tres aliados históricos de Tel Aviv como Reino Unido, Francia y Canadá, que amenazaron este martes con con sanciones si no cesa la "desproporcionada" ofensiva israelí. Por ahora son sólo palabras, pero de una contundencia nueva. "Estamos frontalmente en contra de la ampliación de las operaciones militares de Israel en Gaza. El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable (...). Siempre hemos defendido el derecho de Israel a defender a los israelíes frente al terrorismo, pero esta escalada es totalmente desproporcionada". 

El Gobierno de Keir Starmer ha sido el primero en pasar del dicho al hecho: para empezar, su Ministerio de Exteriores ha convocado esta tarde a la embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, y ha anunciado nuevas sanciones en respuesta a la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania. Después, ha ordenado la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial con Tel Aviv por su "política atroz" en Gaza. 

"Si debido a la obsesión antiisraelí y a consideraciones políticas internas el Gobierno británico está dispuesto a perjudicar a la economía británica, es su propia prerrogativa", ha replicado Israel. Por cierto, el laborista británico no es sospechoso de nada: ha protagonizado una cruzada interna en su partido contra el antisemitismo y hasta su esposa es una abogada judía. Dice que es un "franco amigo de Israel". 

Mientras se esperan en cascada medidas similares de Francia y Canadá en las próximas horas, quien ha reaccionado más tarde ha sido Bruselas, que ha anunciado que revisará el Acuerdo de Asociación con Israel a petición de España y otros 16 países. Es la gran baza en su poder para hacer que cambie la política de Bibi (como se conoce popularmente a Netanyahu), ya que la UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio total de bienes (en 2022). Israel, por su parte, es el 25º socio comercial de la UE, copa el 0,8% del comercio total de bienes de la UE en 2022. Claramente, si ese intercambio se frena, quien saldrá peor parado es Tel Aviv. 

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas -muy templada a la hora de abordar este conflicto-, que ha definido la situación en Gaza como "insostenible, insoportable e inhumana". Ha explicado que, en base al artículo 2 de ese acuerdo, relativo a la necesidad de respetar los derechos humanos, la Unión tiene que actuar, revisando los tratados y acuerdos que mantiene con Israel. "Ha llegado el momento de dar un verdadero sentido al artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel", reclamaban los países solicitantes de la revisión. Pues ya está aquí. 

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, uno de los abanderados de la propuesta, resumía claramente en sentir de los defensores de este movimiento, largamente anhelado: "El tiempo de las palabras ha terminado, el tiempo de las declaraciones, el tiempo de las peticiones; llevamos ya demasiados meses. Lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado grave. Tenemos en estos momentos una operación militar que no tiene ningún sentido, salvo que se quiera convertir a Gaza en un inmenso cementerio. Tenemos una acción deliberada de Israel de impedir que entre la ayuda humanitaria y, por lo tanto, una hambruna inducida", aseguraba desde Bruselas. 

La UE revisará el Acuerdo de Asociación con Israel tras la petición de España y otros 16 países
La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, asegura que toman esta decisión en base al artículo 2 relativo a la necesidad de respetar los Derechos Humanos ante la situación "insostenible, insoportable e inhumana" que se vive en Gaza.

El debate sobre la mesa
La intensificación de la ofensiva israelí provoca que Europa comience a tomar medidas y aún está por ver en qué resultan, sus consecuencias y efectos. Mientras calan, la palabra que está en la mente de todos es "sanciones", como las impuestas a Rusia y a Bielorrusia, a Irán, Afganistán, Venezuela o Cuba, por distintos actores y motivos. Una palabra tabú en estos meses de ofensiva, porque cómo se va a imponer a un país que Occidente aplaude como "la mayor democracia de Oriente Medio", al que llama "amigo" y "aliado" y "socio", y con el que tiene un cargo de conciencia histórico de 80 años. 

¿Pero qué es una sanción, para empezar? Pues un elemento esencial en las relaciones internacionales de hoy, una herramienta coercitiva que se aplica contra Gobiernos, entidades no estatales como empresas o bancos e individuos particulares. Si un país supone una amenaza y la diplomacia no ha conseguido aminorar su riesgo (para una población, una minoría, un estado vecino...), se puede acudir a esta vía para modificar su comportamiento, reducir su capacidad de maniobra o debilitar su posición y exponer ante el mundo los males de determinados mandatarios.

Son una alternativa a la fuerza armada y, por tanto, aplaudidas por su carácter preventivo y forzosamente proporcional. Aunque ya las perfiló la Sociedad de Naciones hace más de un siglo, cuajaron en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, un conflicto del que se extrajeron lecciones imborrables, es esas que parecían perpetuas pero estamos olvidando. Siempre tienen que contemplarse exenciones, para que no sea el grueso de la población el que sufra en sus espaldas por el mal de quien les gobierna, con revisiones constantes por si las cosas han cambiado y un final, un calendario. No es una sanción sine die.

Hay al menos cinco ámbitos en los que se aplican estas sanciones de forma más habitual:

En los vínculos entre militares y seguridad, incluido el comercio bilateral, la transferencia y el tránsito de material militar y de doble uso, asociaciones, entrenamiento conjunto, investigación académica y otras formas de cooperación militar
Respecto a los negocios energéticos, incluido el suministro de petróleo, gas y carbón.
En los lazos económicos y financieros, incluidos el comercio, los acuerdos y foros de cooperación y las relaciones bancarias.
En los vínculos culturales, incluida la cooperación académica y deportiva: va de la participación en unos Juegos Olímpicos a la reciente polémica por el papel de Israel en Eurovisión.
Y en las relaciones diplomáticas, incluidas las oficiales, la participación en instituciones, redes y otras reuniones internacionales. 
El problema es llegar a un consenso sobre cómo se deciden y se aplican. Con Israel es especialmente complicado, con el aura de intocable que tiene por razones históricas. Quienes defienden esta vía insisten en que es la más efectiva para lograr cambios en sus acciones, empezado sobre todo por el embargo militar integral, la medida más urgente. 

Respeto al derecho internacional
Finn Lauwers, especializado en Derecho Internacional Humanitario y exempleado de Naciones Unidas por la delegación belga, explica que "una sanción no se impone porque sí, ni es un paso visceral ni debe regirse por intereses geopolíticos", sino que ha de "cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, respetar los derechos humanos fundamentales y las obligaciones humanitarias, atenerse a las normas y dirigirse siempre sólo a estructuras de opresión, sin causar daños indebidos a civiles". 

Quiere alejar la idea de "castigo" y cambiarla por la de "presión". "Las sanciones buscan un cambio, una transformación, no una venganza, por eso tienen que estar justificadas, ser adecuadas y proporcionales, éticamente justificables, concretas para ser eficaces, porque lo que se busca es parar una situación que no es justa". "Lo mismo pasa con los acuerdos que se suspenden, congelan o rompen, con las alianzas comerciales, la presión diplomática o la ruptura de relaciones en ámbitos científicos o académicos. Todo va en la misma dirección". 

En el caso de Israel, el pacifista entiende que las sanciones estarían "justificadadas" porque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de la ONU han emitido informes y resoluciones (julio y septiembre de 2024, respectivamente) que las explicarían por la ocupación de territorio palestino, "porque hay mucha historia antes de Gaza para armar un argumentario así", recuerda. 

Lauwers añade un ángulo en el que no se suele reparar: que las sanciones no sólo se justifican o no por unos hechos, de un estado o Gobierno, sino que la comunidad internacional tiene la obligación de imponerlas si cree que hay violaciones del derecho. Es bidireccional. "Las sanciones las impulsan los responsables políticos cumpliendo con sus obligaciones ante el derecho internacional. Está para velar por el bien común, para poner fin a violencias o pedir rendición de cuentas. Las obligaciones legales son dobles: de Israel de atenerse a las leyes de la guerra y de las demás naciones, de garantizar la aplicación del derecho internacional. Si no, se socava doblemente el sistema multilateral del que nos hemos dotado en las últimas décadas", expone. Y va más allá: "Lo contrario es complicidad, no respeto al derecho". De ahí que se felicite de los pasos conocidos hoy, por "insuficientes" que sean. 

El abogado y politólogo sostiene que el mundo tiene "el imperativo moral de hacer algo para frenar la ofensiva en Gaza y los ataques y ocupación en Cisjordania", denuncia que desde octubre de 2023 "no se han tomado medidas específicas" para proteger el derecho internacional y que existe una "especia de impunidad total" para con Tel Aviv, término que, recuerda, ha empleado hasta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declarado persona non grata por Israel justo por su posicionamiento. "Estamos mandando al vertedero a las instituciones globales de las que nos hemos dotado si no se actúa respecto a la ley que se ha consolidado en todos estos años", insiste. 

Su visión la comparte Ezequiel Cruz, experto en derecho internacional y antiguo cooperante mexicano en Palestina (Hebrón, Ramala y Gaza), quien entiende que las sanciones y el apremio internacional "concreto" son una "salida óptima" para lograr tres objetivos "esenciales": "el fin del genocidio en Gaza; el reconocimiento de que la causa palestina sigue viva, con sus derechos, y la voluntad de que haya una asunción de cuentas" por los supuestos delitos cometidos. 

"Hay una creciente mayoría global que apoya estas medidas de presión porque tienen la visión fundamental, que va más allá de toda ideología o fe o conveniencia, que es la de salvar a la humanidad. No puede prevalecer la ley del más fuerte, eso nos llevó a guerras mundiales en el pasado. Los países se han unido en el consenso del 'nunca más' y hay que estar vigilantes y actuar. No se está actuando", concluye, especialmente preocupado por el número de niños muertos en Gaza, que superan los 15.000, según los datos más conservadores. 

Los palestinos, dice con cierta sorna, nunca han tenido mucha esperanza en las instituciones internacionales, "desde que vieron su tierra partida en dos en 1947", pero "esta situación, sin comparación, les confirma el olvido del mundo pese a que hay una base legal e inequívoca para actuar", denuncia. "Es un pueblo indígena, ocupado, cuyo derecho a un estado y al retorno de sus refugiados ha sido reconocido por la ONU, donde ahora se añade la ofensiva gazatí. Parece que no es suficiente", añade. Habla de una "fatiga" general respecto al conflicto, cronificada y que no revive ni con la cifra de víctimas de hoy o con la anunciada ocupación total de Gaza. 

En el caso de Israel, como indicaban los dos expertos citados, las denuncias por violaciones de derechos son antiguas, tanto como el conflicto con Palestina, pero ahora se añade un agravante que es que se ha explicitado la voluntad de despejar un territorio, de sacar a un pueblo de su tierra al 100%, de ocupar y cambiar las tornas. Ahí están las declaraciones de Netanyahu y de los ministros más radicales de su equipo, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que se niegan hasta a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y apoyan a los grupos de colonos que se quieren instalar cuando la guerra acabe. "Las intenciones están claras", resume Cruz.