Al cumplirse cuatro años de las protestas que sacudieron Chile en 2019, en el denominado estallido social, Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles en Cooperativa que solo 27 de los 10.568 casos de abusos policiales en manifestaciones han concluido en condena y que las víctimas siguen sin contar con la reparación adecuada.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el director del capítulo chileno de la ONG, Rodrigo Bustos, cifró en 127 los procesos judiciales actualmente formalizados, y advirtió: "El panorama es de mucha impunidad". 

Lo que hemos dicho desde Amnistía Internacional -y no solo desde Amnistía Internacional, porque al parecer hay muchos que lo han olvidado o han intentado invisibilizar aquello, pero no solo Amnistía Internacional, también Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch visitaron Chile durante ese periodo- y, por lo menos, la conclusión de Amnistía Internacional fue que existieron graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado: de Carabineros, pero no solo (Carabineros); también de otras instituciones armadas. Y la verdad es que el balance después de cuatro años es bien desolador, porque en materia de justicia, de las 10.568 denuncias que se realizaron, más del 80% de los casos se han cerrado y solo tenemos 27 condenas, siendo que hubo cientos de casos de lesión oculares, hubo casos de golpizas, hubo al menos siete homicidios, denuncias de violencia sexual; por lo tanto,  y también no ha habido una política de reparación integral para las víctimas, más allá de algunas medidas que se han adoptado.

Cuando los Estados violan los derechos humanos una de las cosas que tienen que hacer son garantías de no repetición. ¿Qué significa eso? Medidas conducentes a que los hechos no vuelvan a repetirse. En este caso, tanto AI como otros organismos internacionales planteamos que tenía que hacerse una reforma profunda, estructural, a Carabineros de Chile. Y después de cuatro años, sin perjuicio de que hay algunos proyectos de ley relevantes en relación a las policías en el Congreso, estamos muy lejos de lo que se había planteado que iba a ser una reforma profunda y estructural a esta policía.

Sí, son 8.508 causas que representan a 10.568 víctimas, porque en algunas causas están involucradas más de una víctima. Hasta el momento, la verdad es que, como les decía anteriormente, el escenario es, en términos generales, de mucha impunidad. Básicamente se han cerrado casi 7.000 de las causas. Hay en este momento 127 causas con formalización vigente y solamente 27 condenas, o sea, un 0,25% de la víctimas ha tenido alguna condena respecto de la denuncia de violación a los derechos humanos que en algún momento presentó. Eso es realmente muy complejo desde la perspectiva de un Estado de derecho que busca que sus policías cumplan con los derechos humanos.

¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, son varias las razones: la verdad es que fueron muchas las causas de derechos humanos que se abrieron; no se fortaleció al órgano persecutor, al Ministerio Público; tampoco las instituciones como Carabineros colaboraron con las investigaciones y hubo muchos casos donde no se practicaron diligencias o no se citó a las víctimas. También, en muchos de los casos donde se utilizó la escopeta antidisturbios, la verdad es que era difícil poder determinar qué agente de Carabineros había generado las lesiones a los manifestantes. Entonces, finalmente, a cuatro años del inicio del estallido social, el panorama es de impunidad y tampoco aún se ha avanzado en la formalización de algún alto mando de Carabineros, no obstante no hayan adoptado las medidas para terminar con los abusos que estaban ocurriendo.