El cuidado es una práctica esencial que sostiene la vida y hace posible la existencia en comunidad. Lejos de ser un acto menor o doméstico, el cuidado revela la profunda interdependencia humana: todas las personas, en distintos momentos de la vida, necesitamos cuidar y ser cuidado/as. Desde esta perspectiva, el cuidado no solo tiene un valor funcional, sino también ético y político, pues expresa responsabilidad, empatía y compromiso con el bienestar colectivo. Reconocer el cuidado como pilar fundamental de la sociedad implica situarlo en el centro de las decisiones públicas y privadas, dignificando tanto a quienes cuidan como a quienes requieren cuidados.

La evolución del enfoque sobre los cuidados en Chile ha transitado desde una mirada asistencialista hacia una concepción más integral y centrada en los derechos. Antes de 1990, el cuidado de personas dependientes, como adultos mayores o personas en situación de discapacidad, era gestionado principalmente por las familias y algunas instituciones públicas, con un énfasis limitado a la atención médica y necesidades básicas, sin mayor reconocimiento del rol de las personas cuidadoras ni de su bienestar.

Con el retorno a la democracia, influido por instancias como la Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento de 1982, el Estado Chileno comenzó a incorporar progresivamente el tema de los cuidados en su agenda pública. Se avanzó en el reconocimiento del rol clave de las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, lo que no quiere decir que los hombres no cumplan este rol, y en la necesidad de políticas públicas que promuevan la autonomía, la calidad de vida y la participación social de las personas en situación de dependencia.

En este proceso, surgieron iniciativas como el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) y el Subsistema Chile Cuida, orientadas a fortalecer las redes de apoyo, facilitar el acceso a servicios y promover el autocuidado de quienes cuidan. A su vez, la Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025–2030 establece un marco estratégico para avanzar hacia un sistema de cuidados con enfoque de corresponsabilidad social y de género.

Este cambio de paradigma reconoce que el cuidado no es responsabilidad exclusiva de las familias, sino una tarea colectiva que involucra al Estado, la comunidad y el sector privado. Sin embargo, persisten desafíos importantes como la falta de financiamiento adecuado, la brecha entre oferta y demanda de servicios y las desigualdades territoriales y sociales en el acceso a cuidados. En síntesis, Chile ha iniciado un camino hacia la valorización y formalización del cuidado como derecho social, pero requiere seguir avanzando en políticas concretas, inversión sostenida y reconocimiento real de quienes sostienen el cuidado día a día.

El cuidado no se limita a contextos clínicos ni es exclusivo de profesionales de la salud. Cuidar es acompañar, estar presente, sostener emocional, física o afectivamente a otro ser humano. Cuidamos cuando apoyamos a un padre envejecido, a una madre con movilidad reducida, a un hijo con necesidades específicas, a una pareja que atraviesa una crisis o incluso a una amiga o amigo que está pasando por un duelo.

El cuidado, en su forma más profunda, es un acto de amor y responsabilidad, que puede ser ejercido por cualquier persona, sin importar su género, edad o vínculo biológico.

Sin embargo, a pesar de su centralidad en la vida social, el trabajo de cuidados —remunerado o no— ha sido históricamente invisibilizado y desvalorizado. En Chile y el mundo, este trabajo ha recaído principalmente en mujeres, representando alrededor del 86% del total, mientras que los hombres sólo alcanzan el 14%. Según datos del Registro Social de Hogares, esto ha contribuido a perpetuar brechas de género en el acceso al empleo, a la autonomía económica y a la participación social. El cuidado sostiene la vida cotidiana, permite que las personas estudien, trabajen, envejezcan con dignidad y se recuperen en momentos de fragilidad, pero rara vez se le reconoce como un aporte clave al funcionamiento de la economía o al bienestar colectivo. Valorar, visibilizar y redistribuir el cuidado es urgente para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

Propuestas y llamado a la acción
Fortalecer el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) requiere avanzar hacia medidas concretas que aseguren su cobertura, equidad y sostenibilidad. Entre ellas, resulta fundamental reconocer el trabajo de cuidado no remunerado mediante apoyos económicos dignos, especialmente para quienes dedican su vida a cuidar familiares en situación de dependencia sin acceso a empleo formal. Además, el sistema debe incorporar equipos de rehabilitación multidisciplinarios como Kinesiólogo/as, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiologo/as, Psicológicos, entre otros, que atiendan tanto las necesidades de las personas cuidadas como el bienestar físico y emocional de las personas cuidadoras. Esta mirada integral permitirá no solo acompañar, sino también rehabilitar, prevenir y favorecer trayectorias de vida más autónomas.

Si bien la promulgación de la Ley Nº 21.743 y la creación del Fondo del Sistema Nacional de Cuidados son avances significativos —y han permitido posicionar por primera vez el cuidado como un derecho dentro de la agenda pública—, aún se requiere mayor profundidad en su implementación. Este fondo ha sido una puerta de entrada necesaria, pero todavía se deben asegurar recursos permanentes, cobertura universal y mecanismos institucionales que garanticen el funcionamiento territorial del sistema, con foco especial en las zonas rurales y comunas con menor acceso a servicios.

Asimismo, es clave que este sistema no quede restringido a quienes cuentan con hospitalización domiciliaria o seguros privados, sino que garantice una red pública con presencia territorial. Para ello, se propone el desarrollo de entes coadyuvantes de salud comunitaria, con foco en la rehabilitación integral, educación en cuidados y acompañamiento constante.

Pero para que el cuidado sea verdaderamente transformador, debe trascender el ámbito doméstico e involucrar de forma estratégica a todos los ministerios y actores del ecosistema social. No basta con cuidar dentro de los hogares si fuera de ellos seguimos reproduciendo barreras. Una persona no vidente debe poder moverse libremente por la ciudad, una persona en silla de ruedas debe acceder con dignidad al transporte público, a la vivienda, a los servicios bancarios, y a la vida cultural y comunitaria. Eso implica que sectores como Vivienda, Transporte, Telecomunicaciones, Educación y Trabajo integren el enfoque de cuidados y accesibilidad en sus políticas. Porque el cuidado no es solo asistencia: es crear condiciones para que todas las personas vivan con dignidad y sin miedo a quedar fuera.

Incorporar una remuneración digna para las personas cuidadoras no solo es un acto de justicia social, sino también una estrategia inteligente de inversión pública. Diversos estudios y diagnósticos han mostrado que las personas cuidadoras en Chile —en su mayoría mujeres mayores de 50 años— enfrentan una alta penalización en el mercado laboral, con tasas de participación 30% menores al promedio y niveles de desempleo significativamente más altos. Esto perpetúa ciclos de pobreza y exclusión, especialmente en hogares pequeños y sin redes de apoyo.

Según la columna de Manuel García, “La Estructura del Abandono y la Crisis del Cuidado”, implementar un sistema de remuneración por cuidado con base en el salario mínimo —$460.000 o $690.000 dependiendo del nivel de dependencia— representaría un gasto del 1,04% del PIB. Esta inversión permitiría sacar de la pobreza a más de 65.000 personas, dinamizar la economía local y profesionalizar una labor históricamente invisibilizada.

Pero su impacto no se limita al plano económico familiar. Remunerar y capacitar a las personas cuidadoras genera beneficios directos sobre el sistema de salud, ya que permite prevenir el agravamiento de la dependencia, reducir hospitalizaciones evitables, descomprimir los servicios de urgencia y liberar camas clínicas. En otras palabras, invertir en cuidados no solo mejora vidas, sino que optimiza los recursos del sistema sanitario y contribuye a su sostenibilidad a largo plazo.

Por ello, es imprescindible entender el cuidado como una política pública transversal, que involucre estratégicamente a todos los sectores: vivienda, transporte, salud, telecomunicaciones y desarrollo social. No basta con cuidar dentro del hogar si afuera persisten barreras arquitectónicas, tecnológicas y sociales. Una sociedad que cuida debe garantizar acceso, autonomía y dignidad en cada espacio del territorio.

Cuidar no puede seguir siendo un privilegio ni una carga individual. Es una tarea compartida que sostiene nuestra humanidad. Involucrarse, exigir políticas robustas y valorar el cuidado en todos los espacios es parte del compromiso que debemos asumir para construir un país más justo, empático y vivible para todas las personas.

La implementación efectiva del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no puede depender únicamente de buenas intenciones o de fondos puntuales. Es imprescindible que estas inversiones se integren de manera permanente en los presupuestos anuales del Estado, garantizando su continuidad, escalabilidad y cobertura territorial. Este compromiso fiscal debe reflejarse especialmente en años clave, como el ciclo 2025–2026, cuando se consolidará el Plan de Acción del SNAC y se proyectará el presupuesto plurianual del país. En un contexto de creciente demanda por cuidados, no asignar recursos estructurales equivale a prolongar una deuda histórica con quienes cuidan y con quienes necesitan ser cuidados.