Cuando los recintos de salud —lugares destinados a cuidar la vida— se convierten en zonas de riesgo, algo esencial se ha quebrado en la relación entre el Estado y la ciudadanía. No se trata de un episodio aislado, sino de una realidad que ya afecta a más de 300 centros de salud en Chile, según datos del propio Ministerio de Salud: 127 centros de atención primaria y 193 hospitales presentan alto riesgo de violencia. Y sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo débil, dispersa o derechamente ausente.

La estrategia del gobierno contempla “aumentar la vigilancia policial” y otras medidas reactivas, pero ¿dónde está el nuevo ministro de Seguridad Pública? ¿Dónde está la autoridad política que se supone debía encabezar esta respuesta, articular recursos, coordinar instituciones de seguridad, fijar prioridades y dar la cara ante las víctimas de este abandono?

Hoy, alcaldes de todo el país exigen lo evidente: más recursos, más herramientas, una verdadera ley de seguridad municipal. Porque si las postas y consultorios se transforman en espacios de riesgo para trabajadores, pacientes y acompañantes, entonces la crisis de seguridad ha alcanzado su fase más crítica: la parálisis del deber público más básico, que es proteger la vida y la integridad de las personas en los lugares donde se la cuida.

No hablamos aquí de percepciones ni de estadísticas: hablamos de médicos agredidos, enfermeras amenazadas, salas de espera tomadas por el miedo. Hablar de vigilancia sin dotación suficiente, sin respaldo normativo, sin coordinación con las policías y sin presupuesto, es papel mojado. Ningún plan sirve si no se ejecuta con urgencia, con liderazgo y con visión de Estado.

Y el silencio del nuevo Ministerio de Seguridad Pública frente a esta situación es más que preocupante: es una señal política de indolencia. Se trata de una cartera creada precisamente para enfrentar con decisión estos desafíos, pero que hoy aparece más como un cargo simbólico que como un actor activo del sistema. ¿Cómo se explica que ante una amenaza a la seguridad de los servicios básicos de salud, no exista una acción articulada y visible desde esta autoridad?

Lo que está en juego no es solo la integridad física de los funcionarios y usuarios de los centros de salud. Lo que se erosiona es la confianza en que el Estado pueda garantizar condiciones mínimas de convivencia, incluso en sus propias instituciones. Si no podemos asegurar el orden y la seguridad en los consultorios y hospitales públicos, ¿dónde entonces sí estamos seguros en este país?

Esta situación exige más que diagnósticos o promesas de planes. Exige presencia, decisión política, acciones concretas e inversión real y, sobre todo, responsabilidad institucional. No podemos seguir normalizando que los lugares que representan el derecho a la salud se transformen en espacios de peligro.

Hoy, más que nunca, Chile necesita un Ministerio de Seguridad Pública que exista no solo en el organigrama, sino también en la calle, en el terreno, en las políticas y en la urgencia de su misión. Y si eso no ocurre, entonces es hora de preguntar si estamos ante una reforma vacía o ante una autoridad que aún no ha entendido la magnitud del desafío que enfrenta.