Los resultados del 7 Mayo deben ser leídos muy seriamente por La Moneda.
En casi 15 meses de gestión se ha descapitalizado electoralmente perdiendo 1,1 millón de votos en relación a la 2ª vuelta presidencial de 2021 y la coalición gubernamental obtuvo un 28,5% de la votación, cifra que es más cercana al resultado de la primera vuelta.
Con estos números y su condición de minoría en las dos Cámaras para poder avanzar en su agenda legislativa debe ser capaz de construir acuerdos transversales con la derecha en la Cámara y Senado, la cual puede bloqueada por la presión de la ultraderecha republicana que obtuvo un 35% de la votación sobre la base de un discurso fuertemente opositor y crítico a la gestión del presidente Boric. En la medida de se acerquen los próximos procesos electorales la capacidad de negociación de RN y UDI son bajísimas, ya que la ultraderecha /republicana le está capturando sus liderazgos de la base territorial más seducida por un discurso de tono confrontacional a la gestión gubernamental.
Negociar sus propuestas en el Parlamento requiere que oficialismo reconozca su condición de minoría y que no está en condiciones de proponer cuestiones maximalistas o derechamente minoritarias en un país donde la agenda de seguridad se tomó la opinión pública.
Se requiere sagacidad política que es difícil de encontrar en coaliciones sobreideologizadas como es Apruebo Dignidad con FA y PC compitiendo por su hegemonía y donde ese rol lo están teniendo los ministros PS, pero que ven obstaculizado su despliegue por su condición de minoría en esa coalición, ya que el 7 de Mayo esas fuerzas sumaron apenas 7%.
La única posibilidad es que esos ministros como Marcel, Tohá, Elizalde, Cordero puedan mostrar su tremenda capacidad negociadora y de gestión que no los haga perder la hegemonía al interior del equipo gubernamental, como lo han mostrado estas 2 semanas post 7M al haber logrado aprobar en el Senado y la Cámara de Diputados el acuerdo político con RN y UDI -del cual se resto la ultraderecha-que permitirá tener un Royalty a la gran minería de cobre que permitirá recaudar anualmente 0,35% del PIB y de los cuales US$ 450 millones irán destinados a Gobiernos Regionales y Municipios destinados a programas de Innovación productiva y Equidad territorial respectivamente.
Otras negociaciones serán más complejas -como está ocurriendo- con el aumento del Salario Mínimo a $500.000 que ocurrirá en julio de 2024 donde lo que ha estado en debate tanto con la derecha como con la centroizquierda es sobre el diseño y la cobertura del subsidio salarial que recibirán las PYMES para poder pagar ese fuerte aumento salarial. Tanto en la Cámara como Senado, Hacienda ha debido ceder en beneficios para PYMES como aumentar la cobertura del subsidio salarial a cerca de 200.000 empresas pymes como reponer la norma tributaria que rebaja su carga tributaria a 12,5% para 2024, pero debe entenderse como una cuestión que ocurrirá en todos los proyectos de ley que gobierno quiera aprobar en el Parlamento.
El talento político de los Ministros estará en dialogar y tener flexibilidad para negociar con la derecha -evitando la presión de la ultraderecha que aún no es decisiva en el Parlamento- para sacar adelante cuestiones que son importantes para un electorado que quiere transformaciones, sin ceder en demasía ante la derecha.
Se vienen también temas complejos como la situación de las ISAPRES, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema donde la derecha incluso -emulando los retiros en tiempos de Piñera- utilizó “el atajo” de una reforma constitucional transitoria para aprobar un perdonazo a las ISAPRES, que ya fue rechazada públicamente por los senadores oficialistas y de la DC, lo que anticipa su rechazo en la Sala.
Pero la derecha también ha anticipado su rechazo a “la ley corta sobre ISAPRES” que presentó el gobierno, por tanto, estos proyectos quedarán con rechazos parlamentarios tanto en la propuesta gubernamental como en la reforma de la derecha, lo cual obliga a negociar un plan B) con escenarios intermedios -donde Gobierno debe tener un rol proactivo- antes de que se produzcan los colapsos en la atención a los pacientes -amenaza de las Isapres-.
No parece sensato que gobierno se entrampe en debates legislativos sobre temas en que la derecha va a rechazar y no va a estar disponibles a negociar como por ejemplo el proyecto que crea Empresa Nacional del Litio.
Más racional parece ser el camino esbozado por la ex Presidenta Bachelet donde señala que “debemos actuar con urgencia” y llama a “la colaboración público-privada como la forma de aprovechar esta oportunidad histórica”. Parece más sensato que este año se implemente una alianza público-privada para aumentar la capacidad productiva en el Salar de Maricunga, que es un salar nuevo donde Codelco puede armar una empresa en alianza con privados australianos, que han señalado su disponibilidad de avanzar bajo esta modalidad.
Siendo minoría en el Parlamento pareciera más político que Gobierno avance en alianzas públicos-privadas en desarrollar proyectos que aumentan la producción de litio y convertirnos en líderes mundiales.
Chile no resiste que se desaproveche esta oportunidad histórica de ser líder mundial en la producción de litio.